Por: La Redacción.
Culiacán, Sin., a 22 de junio del 2026.- Han transcurrido casi dos meses desde que fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York señalaran al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos», y su paradero e inactividad pública continúan siendo el foco de la controversia. Según información revelada por el periodista Raymundo Riva Palacio, el político habría optado por un retiro discreto, alejándose del escrutinio público ante la gravedad de los cargos.
De acuerdo con fuentes citadas por Riva Palacio, el exmandatario se encontraría resguardado en una propiedad rural ubicada al norte de Culiacán, a unos 110 kilómetros de la capital sinaloense. Esta medida habría sido adoptada desde finales de abril, poco después de que las autoridades estadounidenses formalizaran las acusaciones que lo vinculan —junto al senador Enrique Inzunza— con supuestas labores de protección institucional al Cártel de Sinaloa.
Las salidas del exfuncionario han sido calificadas de esporádicas, limitándose principalmente a traslados hacia la Ciudad de México, lo que ha profundizado las especulaciones sobre su estatus jurídico y su margen de maniobra política.
La situación de Rocha Moya no es solo un tema de opinión pública, sino un asunto de inteligencia federal. Reportes indican que tanto él como Inzunza están bajo vigilancia de las autoridades mexicanas, motivada por dos preocupaciones centrales:
- El riesgo de que los señalados intenten cruzar la frontera para entregarse como informantes ante la justicia estadounidense.
- La posibilidad de una extracción forzada por parte de comandos criminales, un escenario que ya se materializó en el caso de Ismael «El Mayo» Zambada en 2024.
A pesar de la magnitud de los señalamientos, que involucran a una red de funcionarios presuntamente coludidos con la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera a cambio de favores políticos, el exgobernador ha mantenido un silencio absoluto. No ha emitido declaraciones públicas que aclaren su situación o desmientan las versiones sobre su presunto refugio.
Por su parte, el Gobierno federal ha mantenido una postura cautelosa, insistiendo en la necesidad de pruebas contundentes y evitando adelantarse a los procesos judiciales. Este caso representa hoy uno de los puntos de mayor fricción en la agenda de seguridad bilateral México-Estados Unidos, evidenciando la fragilidad de las instituciones frente a la infiltración del crimen organizado en los niveles más altos de gobierno.
