Por: La Redacción.
Culiacán, Sin., a 23 de mayo del 2026.- Después de más de 20 días de silencio absoluto tras haber solicitado licencia al cargo el pasado 1 de mayo, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reapareció este sábado en el ojo público. El motivo: un citatorio oficial emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en relación con investigaciones sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A través de sus redes sociales, el gobernador con licencia rompió su aislamiento y confirmó que atenderá el llamado de la autoridad federal. En un breve pero directo posicionamiento, Rocha Moya intentó desestimar las acusaciones que han cimbrado su administración:
«Soy un hombre íntegro que no tiene nada que temer. Mi biografía da testimonio de quién soy. Atenderé el requerimiento que se me ha hecho» señaló.
La reaparición del político morenista pone fin a semanas de especulaciones sobre su paradero y su situación jurídica, marcando el inicio de lo que será un proceso judicial de alto impacto tanto en México como en Estados Unidos.
El citatorio de Rocha Moya no es un hecho aislado. La FGR informó este sábado que ha requerido la comparecencia de diez personas vinculadas a una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta acción busca, según la dependencia, avanzar en una indagatoria interna en México con «seriedad y exhaustividad» tras las revelaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
Entre las figuras requeridas junto al exgobernador figuran nombres de peso en la política sinaloense, como el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes también han sido señalados por autoridades estadounidenses.
La actuación de la FGR ocurre apenas semanas después de que la justicia de Estados Unidos revelara una acusación formal el 29 de abril contra Rocha Moya y otros funcionarios actuales y pasados de Sinaloa. La acusación es severa: el Departamento de Justicia sostiene que los funcionarios habrían conspirado con los líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político para sus carreras.
La lista de los implicados incluye a mandos de seguridad, exsecretarios y legisladores, lo que convierte a este caso en uno de los episodios de mayor tensión entre los sistemas judiciales de ambos países.
Por ahora, la defensa de Rocha Moya y el resto de los citados se mantiene a la expectativa, mientras la Fiscalía mexicana comienza el proceso de entrevistas en su sede, en lo que promete ser un desfile de declaraciones que definirá el futuro político de Sinaloa y las repercusiones para el partido oficialista.
