Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 14 de octubre del 2026.- A tres años y medio de una de las peores tragedias institucionales en la historia reciente del país —el incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez que cobró la vida de 40 migrantes y dejó a 27 más con graves secuelas—, el aparato de justicia mexicano cerró definitivamente el capítulo penal contra el principal responsable político y administrativo del organismo: Francisco Garduño Yáñez.
En una audiencia que se prolongó durante más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de esta frontera, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón dictó el sobreseimiento de la causa penal 237/2023. La resolución, con rango y efectos de sentencia absolutoria, garantiza que el excomisionado del INM libre el proceso sin antecedentes penales, desatando una profunda indignación entre sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El camino hacia la exoneración judicial comenzó a gestarse desde enero de 2025, cuando se le concedió a Garduño la suspensión condicional del proceso. Para extinguir la acción penal por la muerte de 40 personas, la Fiscalía General de la República (FGR) y el juzgador consideraron «suficiente» el cumplimiento de una serie de condicionantes administrativas:
- Reparación condicionada: La entrega de 3.5 millones de pesos canalizados a través de un fideicomiso creado tras su salida del INM para indemnizar a solo ocho víctimas.
- Capacitación y monitoreo superficial: La asistencia a cursos de derechos humanos y protección civil, junto con recorridos de inspección en estaciones migratorias.
- Disculpa pública protocolaria: Un pronunciamiento ante las víctimas donde el exfuncionario apeló a su condición humana y a afectaciones de salud: «Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano», declaró antes del fallo.
Lejos de oponerse, la FGR —a través de la agente del Ministerio Público Iliana Ruiz Bautista— se alineó con la postura de la defensa y de instancias como la CEAVE y el INDAABIN, respaldando el sobreseimiento definitivo.
La resolución del juzgador federal no solo cierra la puerta a la responsabilidad penal de un alto mando, sino que desnuda las fisuras y la complacencia de las instituciones del Estado frente a violaciones graves a los derechos humanos:
Como denunció el abogado Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) —representante de 19 núcleos de víctimas—, la FGR blindó desde un inicio a Garduño al imputarle deliberadamente el delito de ejercicio indebido del servicio público. Esta clasificación, catalogada como menor en comparación con el homicidio o las lesiones por omisión, fue la llave jurídica que le permitió acceder al beneficio de la suspensión condicional y evadir el juicio oral.
Mientras sobrevivientes y familiares conectados por videoconferencia desde Centroamérica ratificaron que los compromisos fijados fueron parciales e insuficientes, el Estado da por cerrado el expediente sin resolver de fondo la responsabilidad estructural y las condiciones de encierro que provocaron la masacre.
Las organizaciones civiles adelantaron que interpondrán recursos de apelación y amparos, advirtiendo que la resolución del juez violenta el derecho a la verdad, la justicia integral y la no repetición en un estado históricamente lastimado por la violencia institucional.
El fallo a favor de Francisco Garduño deja un mensaje devastador para la política migratoria y los derechos humanos en México: cuando el dolor de las víctimas choca contra la protección del poder político, la justicia se convierte en un simple trámite burocrático de sobreseimiento.
