Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 10 de noviembre del 2026.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la Fiscalía General de la República aún no cuenta con una carpeta de investigación formal por las denuncias de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE). La revelación se da mientras el propio órgano electoral solicitó ampliar las indagatorias más allá de la administración de Guadalupe Taddei, abarcando periodos previos.
A pesar de los señalamientos públicos, las filtraciones de contratos y las denuncias presentadas formalmente ante las instancias de procuración de justicia, el caso en torno a presuntas irregularidades administrativas en el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene un ritmo lento en el terreno ministerial.
Cuestionada durante su conferencia de prensa matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Fiscalía General de la República (FGR) —a cargo de la investigación a través de la Consejería Jurídica y las áreas competentes— todavía no ha abierto una carpeta de investigación formal vinculada a las denuncias presentadas contra la administración de la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei.
«Hoy le pregunté y todavía no tenía información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo», respondió la mandataria ante pregunta expresa de la prensa.
El estatus actual de inacción ministerial contrasta con la presión interna dentro del propio instituto. El pasado viernes, un bloque de consejeros del INE acudió formalmente ante la FGR para interponer denuncias por probables delitos graves que incluyen tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, cohecho y ejercicio abusivo de funciones.
Sin embargo, en un movimiento que busca diluir las responsabilidades directas o repartir el escrutinio, el propio organismo electoral solicitó a la fiscalía ampliar sus indagatorias no sólo a la gestión de Guadalupe Taddei, sino revisar administraciones anteriores.
Esta postura sintoniza con la narrativa sostenida por la propia presidenta Sheinbaum, quien en reiteradas ocasiones ha insistido en que los vicios y la corrupción estructural dentro del INE no nacieron con la última gestión, sino que hunden sus raíces en décadas pasadas, utilizando este argumento para insistir en la urgencia de una reforma profunda al sistema electoral que garantice austeridad y transparencia.
El escándalo que detonó las denuncias cobró fuerza tras la difusión de materiales audiovisuales —como el revelado por el medio Latinus—, en los cuales se exhibió al contratista José Alfredo Hernández Casillas compartiendo una cena y brindando con Guadalupe Taddei tras la firma de contratos clave para la producción de la credencial de elector.
En dichos encuentros también figuran exfuncionarios del propio instituto como Araceli Hernández Gómez (extitular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género) y Mario Burciaga (exdirector de Recursos Materiales), además de representantes de empresas proveedoras y tecnológicas como Cosmocolor y Grupo Anémona. Pese a la evidencia pública de estos vínculos y los contratos millonarios de identificación, la FGR sigue en fase de revisión de elementos sin haber configurado una indagatoria ministerial formal.
La falta de una carpeta de investigación consolidada evidencia los tiempos procesales de una fiscalía que avanza con cautela o parsimonia ante casos de alto voltaje político. Mientras el gobierno federal utiliza el rezago para empujar su agenda de transformación y control del aparato electoral, las denuncias internas del INE amenazan con convertirse en un laberinto burocrático donde la exigencia de rendición de cuentas se diluye entre administraciones pasadas y presentes.
