Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de noviembre del 2026.- El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que tanto la FGR como la fiscalía estatal cuentan con mandamientos judiciales vigentes contra Guillermo Arturo Zuany Portillo. La investigación internacional revela que el exfuncionario colaboró con agentes estadounidenses en territorio chihuahuense a pesar de tener la visa retirada por presuntos nexos con el narcotráfico.
Un escándalo de soberanía nacional y colusión institucional sacude a la entidad chihuahuense. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantienen vigentes órdenes de aprehensión en contra del exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El exfuncionario es señalado por su presunta participación y complicidad al facilitar que elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos operaran de manera clandestina en la Sierra Tarahumara.
El caso salió a la luz pública tras una exhaustiva investigación periodística publicada por The New York Times, firmada por los comunicadores Steve Fisher y Jack Nicas. Dicho reportaje documentó que agentes de la CIA operaron en secreto en el estado de Chihuahua durante más de seis meses.
De acuerdo con los hallazgos periodísticos, los agentes estadounidenses participaron activamente en entrenamientos, misiones tácticas y operativos contra cárteles del narcotráfico de la mano de policías estatales adscritos a la fiscalía que encabezaba Zuany Portillo. Lo anterior ocurrió a espaldas de los controles diplomáticos y violando abiertamente las restricciones impuestas por el gobierno federal mexicano sobre la presencia y el ejercicio de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El papel central en la trama recae sobre Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien pese a desempeñarse en un área estratégica de seguridad en Chihuahua, ya contaba con antecedentes de alerta por parte de las propias autoridades estadounidenses, las cuales le habían retirado la visa tras detectarle presuntos vínculos con el crimen organizado.
A pesar de este perfil de riesgo, el exfuncionario sirvió como el puente institucional local que permitió el ingreso y la operatividad de los agentes de inteligencia extranjeros en una de las regiones más golpeadas y militarizadas del estado, la Sierra Tarahumara, profundizando las suspicacias sobre el control real que las autoridades locales y estatales ejercían sobre sus propias corporaciones.
Cuestionado al respecto durante la mañanera, García Harfuch optó por la prudencia en los detalles procesales, pero corroboró el peso legal que recae sobre el exfuncionario:
“Sé que la fiscalía, no solo la Fiscalía General de la República, sino también la de Chihuahua, tengo entendido que las dos fiscalías tienen una orden de aprehensión vigente en su contra”, declaró escuetamente el funcionario federal, delegando en las instancias de procuración de justicia el desglose formal de las acusaciones.
El giro que toma el caso de Guillermo Zuany Portillo expone grietas profundas en la coordinación de seguridad y en los controles de confianza al interior de las fiscalías estatales. Permitir la intromisión de agencias extranjeras en misiones clandestinas —encima con un funcionario previamente señalado por posibles nexos criminales— pone entredicho la soberanía territorial y evidencia los peligros de una opacidad institucional donde los filtros de depuración policial parecen fallar sistemáticamente en los mandos de alta responsabilidad.
