Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 6 de mayo del 2026.- En un movimiento que escala la tensión entre el Gobierno del Estado y la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que ha tomado el control absoluto de las investigaciones sobre el “mega-narcolaboratorio” localizado en El Pinal, municipio de Guerreo.
Fue a través de un comunicado de prensa que la FGR indió que priorizando el «respeto al debido proceso», la institución federal no solo detalló la magnitud química del hallazgo, sino que subrayó un dato que ha alimentado las sospechas de complicidad o ineficiencia: el sitio fue entregado por las autoridades estatales sin un solo detenido.
Tras el arribo de la Fiscalía Especializada de Control Regional al municipio de Morelos, los peritajes federales confirmaron la dimensión industrial del complejo. El acta de inventario revela cifras contundentes: más de 55 mil litros de sustancias líquidas, 50 toneladas de precursores sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.
A pesar de la infraestructura que incluía reactores, centrifugadoras y cilindros industriales, la FGR hizo énfasis en un punto crítico: de acuerdo con los reportes entregados por la administración de María Eugenia Campos, el lugar se encontraba desierto al momento del arribo estatal. Esta falta de capturas, en un complejo de tal envergadura que operaba en una zona de difícil acceso, plantea interrogantes sobre la posible filtración de información antes del despliegue inicial.
El despliegue de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Federal Pericial Forense (CFPF) sugiere que la Federación busca reconstruir una escena del crimen que le fue entregada «limpia».
Al anunciar dictámenes de química forense y criminalística de campo para obtener la «ubicación exacta y características generales», la FGR parece estar verificando la veracidad de la narrativa presentada originalmente por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y su cuestionada «Plataforma Centinela».
Asimismo, el comunicado destaca que la coordinación federal se mantiene estrictamente con la SEDENA y la Guardia Nacional, relegando a un plano secundario a las fuerzas estatales en la fase de inteligencia profunda y destrucción de materiales.
Mientras la FGR inicia el proceso de destrucción de los químicos mediante empresas especializadas, la «estrategia de devastación» económica contra el crimen organizado que presume el estado se enfrenta a una realidad jurídica cruda: sin detenidos, la carpeta de investigación se convierte en un rastreo de fantasmas.
Este anuncio de la FGR llega en el momento de mayor vulnerabilidad para el gobierno de Chihuahua, actuando como un recordatorio de que, en temas de seguridad nacional y narcotráfico, la última palabra la tiene el centro del país. La transparencia prometida por la Fiscalía Federal podría ser la pieza que termine por desarmar el rompecabezas del «CIA Gate», revelando qué tanto del operativo fue una hazaña y qué tanto fue una puesta en escena coordinada.
