Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 9 de octubre del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado detalles financieros que involucran a los hermanos Farías Laguna, vicealmirante Manuel Roberto y contraalmirante Fernando, ambos empleados de la Secretaría de Marina. A pesar de ser asalariados, realizaron operaciones que superan el millón de dólares durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La investigación está relacionada con un caso de huachicol fiscal en las aduanas de Tampico y Altamira, Tamaulipas.
Entre 2020 y 2024, Manuel Roberto Farías obtuvo ingresos anuales promedio de 3 millones 42 mil 119 pesos por su salario. Sin embargo, su adquisición de un inmueble en 2019 por 5 millones 136 mil 489.81 pesos generó sospechas debido a pagos en efectivo y a nombre de su esposa, Lucía León Molina. La venta de otro inmueble en 2020 a María Eugenia Farías por 4 millones 500 mil pesos, con transacciones a través de un notario en Guanajuato, también está bajo escrutinio.
Manuel Roberto realizó depósitos y pagos significativos, como primas de seguros por más de 7 millones de pesos y un millón de dólares, así como créditos y cheques por montos elevados, lo que despertó alertas debido a posibles irregularidades financieras.
Fernando Farías, también asalariado de la Semar, afirma tener actividades empresariales, pero no ha emitido facturas al respecto. Sus ingresos de nómina fueron superados por sus gastos en más de 5 millones 668 mil pesos entre 2020 y 2024. Adquirió un terreno y un vehículo de alto valor, además de realizar pagos significativos en efectivo, que no concuerdan con su declaración de ingresos.
La compraventa de un inmueble por 4 millones 500 mil pesos, realizado en conjunto con su hermano, también es objeto de sospecha por su posible simulación de operaciones.
La FGR considera que ambos hermanos podrían formar parte de una red involucrada en corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Manuel Roberto está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que Fernando es considerado prófugo.
Ambos hermanos supuestamente manejaron cambios de adscripción en aduanas para facilitar el transporte de combustible sin pagar impuestos, mediante el pago de dádivas a funcionarios.
El caso de los hermanos Farías Laguna pone en evidencia la complejidad de las operaciones financieras ilícitas en las esferas gubernamentales y la importancia de la vigilancia y el control por parte de las autoridades para combatir la corrupción y el lavado de dinero. La investigación continúa en curso, y las implicaciones podrían extenderse a otros funcionarios y entidades relacionadas.
Con información de Proceso.
