Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 2 de octubre del 2026.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara las reformas locales promovidas para inhibir la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales de Chihuahua, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado anunció la presentación de un nuevo proyecto legislativo para intentar subsanar los vicios de inconstitucionalidad señalados por el Máximo Tribunal.
Acompañado por los integrantes de su fracción y por la dirigencia estatal del partido, el coordinador del grupo parlamentario panista, Alfredo Chávez Madrid, argumentó que la nueva iniciativa acatará las directrices de la Corte, pero buscará redefinir las causales y los mecanismos probatorios para sancionar a las candidaturas que soliciten, acepten o aprovechen recursos y logística del crimen organizado.
«Queremos impedir que una candidatura gane con ayuda del crimen y después le pague el favor desde el gobierno. La iniciativa establece cómo probar la participación de cada persona y qué consecuencias debe haber», sostuvo el legislador durante la presentación.
El fallo de la SCJN puso en evidencia la fragilidad jurídica de la regulación aprobada previamente en la entidad, la cual establecía mecanismos de castigo que violentaban principios constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia al imponer sanciones de manera automática por actos cometidos por terceros.
Ante el revés judicial, la nueva propuesta plantea que las penas —que irían desde una amonestación hasta la cancelación del registro o la anulación de la elección— estarán sujetas a la comprobación del grado de conocimiento, dolo y beneficio directo del candidato implicado.
Asimismo, la iniciativa contempla causales para inhabilitar a los actores sancionados en elecciones extraordinarias y aborda supuestos desvíos de recursos públicos, filtración de información u obstaculización de investigaciones en favor de grupos delictivos.
Aunque el discurso del grupo parlamentario enmarca la iniciativa como un mecanismo de «blindaje electoral», la viabilidad operativa de la norma enfrenta serias dudas técnicas y procesales. En los hechos, determinar cuándo un aspirante «se benefició» o «tuvo conocimiento» de la intervención de células criminales traslada una pesada carga de la prueba a las autoridades electorales locales, las cuales carecen de las capacidades de inteligencia e investigación penal propias de los Ministerios Públicos.
Sin un rediseño que coordine eficazmente a las fiscalías federales y estatales con los órganos electorales, la reforma corre el riesgo de convertirse en una herramienta de disputa partidista en tribunales o, en su defecto, en un marco normativo inoperante ante la compleja operatividad del crimen organizado en la geografía electoral del estado.
