Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre del 2026.- Ante el incremento de problemáticas emocionales y de salud mental en niñas, niños y adolescentes, la diputada local por el Partido Verde, Rosana Díaz Reyes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, detección y atención de riesgos psicosociales desde las escuelas chihuahuenses.
La propuesta legislativa plantea como ejes centrales la implementación formal de educación socioemocional, la capacitación continua y permanente para el personal docente y de orientación, así como el establecimiento de rutas claras de actuación y canalización ante señales de alerta en las aulas.
«Propusimos fortalecer la educación socioemocional, capacitar de manera permanente a docentes y personal de orientación, identificar oportunamente señales de alerta y establecer rutas claras para solicitar y recibir ayuda», detalló la legisladora durante su intervención.
La iniciativa cobra relevancia en un contexto donde diversas organizaciones y especialistas han advertido sobre la vulnerabilidad emocional de los estudiantes, señalando que los planteles educativos suelen funcionar como el primer frente de contención ante crisis, a pesar de carecer históricamente de los recursos materiales y humanos necesarios.
Si bien el discurso oficial apunta a generar entornos donde hablar de salud mental no sea un tabu y dotar a las escuelas de mecanismos de respuesta, el flanco crítico de esta propuesta recae en su viabilidad operativa real.
Actualmente, gran parte de las escuelas públicas operan con plantillas docentes saturadas, sin gabinetes psicológicos especializados y con orientadores educativos rebasados por la carga administrativa y la proporción de alumnos.
Por ello, el éxito de la iniciativa dependerá de que vaya acompañada de una partida presupuestal suficiente y convenios interinstitucionales con el sector salud, garantizando que la canalización de los menores sea efectiva y evite saturar listas de espera. La prevención desde las aulas es una demanda urgente, pero el reto para las autoridades será transformar las leyes en políticas públicas funcionales.
