Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 5 de mayo del 2026.- La reciente crisis diplomática y de seguridad que sacude los cimientos de la administración estatal que encabeza la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván detonada por la muerte de dos agentes de la CIA en territorio chihuahuense— ha dejado de ser un incidente operativo para convertirse en un espejo de la degradación institucional. En el centro de este laberinto, donde se cruzan la soberanía nacional y las agendas personales, emerge la figura de Guillermo Arturo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, quien representa una paradoja viviente: es el funcionario encargado de los delitos de mayor impacto, mientras su propia sombra proyecta dudas que alcanzan los niveles más altos de la política binacional.
Y es que investigaciones periodisticas, encabezadas por Código Magenta, revelaron que Zuany Portillo habría facilitado la incursión de agentes de inteligencia de la CIA en territorio chihuahuense motivado a una necesidad más pragmática y personal, la restitución de su visa estadounidense que se le fue retirada por vinculos con el crimen organizado y lavado de dinero, por lo cual el Gobierno de los Estados Unidos encabeza una investigación en su contra y de su familia.
Tras ser vetado por el gobierno de Washington bajo sospechas de vínculos con el crimen organizado, Zuany Portillo se encontró en un aislamiento operativo. En este contexto, el «CIA-Gate» aparece como una transacción desesperada. Abrir las puertas de la AEI a agentes externos fue, presuntamente, el precio pagado para intentar limpiar su expediente ante las agencias del norteamericanas. Mientras que el costo colateral fue la exposición de la soberanía estatal y una tragedia en el camino de El Pinal que terminó por desnudar el juego de espejos.
Para entender la profundidad del caso Zuany Portillo, es necesario mirar hacia atrás. Su ascenso no fue producto de una carrera de méritos transparentes, sino de una supervivencia camaleónica. Elementos de la propia corporación han descrito por años el «Organigrama Corporativo Zuany Portillo y Asociados», como un sistema donde la procuración de justicia se transforma en una estructura de recaudación de recursos del crimen organizado, lo que derivo en el retiro de su visa por Estados Unidos, aunque en Chihuahua, la Fiscalía General del Estado lo ha mantenido incluso sobre el propio ahora exfiscal César Jáuregui Moreno.
Desde la extorsión sistemática a sectores vulnerables —como yonqueros y pequeños comerciantes— hasta la administración discrecional de órdenes de aprehensión, la gestión de Zuany Portillo ha sido señalada como un modelo de «extorsión institucionalizada». El caso más doloroso es el del comandante Carlos Aarón Beltrán Pérez, cuya carta póstuma antes de ser asesinado en el municipio de Cuauhtémoc permanece como un testimonio irrefutable de la soledad de los agentes honestos frente a mandos coludidos con «La Línea».
¿Por qué, ante tal acumulación de señales de alerta, Zuany Portillo permanece inamovible? La respuesta se encuentra en su red de protección multínivel. Su incursión en la masonería, buscando la Gran Maestría de la Logia Cosmos, no fue un acto de fe, sino una maniobra de búsqueda de fuero social y político, pues quienes hablan de Zuany Portillo refieren que el mando de la AEI ha sabido posicionarse como el «puente» necesario con el narco-estado antiguo, vendiendo una estabilidad ficticia a cambio de impunidad real.
La renuncia de César Jáuregui Moreno a la Fiscalía General Estado de Chihuahua ha sido el sacrificio ritual necesario para calmar la indignación mediática, pero el nudo estructural sigue intacto ya que mientras Zuany Portillo mantenga el control de las operaciones estratégicas, el mensaje para la ciudadanía es claro: el sistema no está en proceso de limpieza, sino de reacomodo.
Chihuahua se encuentra en una encrucijada política-binacional, gracias a la permanencia de perfiles como el de Zuany Portillo, cuya presencia dentro de la FGE erosiona la confianza pública y debilita las instituciones frente a un crimen organizado que ya no necesita infiltrarse, porque ha encontrado en la burocracia estratégica un aliado para su preservación. El caso “CIA-Gate” es solo el síntoma; el diagnóstico es una falla sistémica que prioriza la utilidad del operador por encima de la integridad del Estado.
El fondo del llamado «CIA-Gate» permanece blindado por interrogantes que la Federación parece no querer desentrañar, limitando su alcance únicamente al delito de Traición a la Patria. Sin embargo, la información que fluye —coincidiendo con los análisis de Código Magenta— apunta a una red de traiciones cruzadas donde el actual Fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, ocupa el papel principal.
El operativo en el «mega-narcolaboratorio» de Morelos dejó un saldo de cuatro muertos y ni un solo detenido. Las preguntas surgen por sí solas: ¿Quién dio el aviso para que la estructura criminal fuera abandonada antes del arribo de las autoridades? ¿Por qué no hubo un solo enfrentamiento para defender un activo de tal magnitud?
Fuentes periodísticas y de inteligencia sugieren una maniobra de ajedrez político-criminal: Zuany Portillo habría entregado la ubicación del laboratorio (propiedad del Cártel de Sinaloa) a los agentes de la CIA en un intento por «quedar bien» con el gobierno estadounidense. No obstante, al mismo tiempo, habría garantizado la seguridad de los operadores de «El Chapo» Isidro en la región, blindándolos de cualquier detención.
Esta «carambola» de intereses buscaba tres objetivos: satisfacer a las agencias extranjeras, no tocar a sus aliados históricos del Cártel de Juárez y mantener la paz con las células sinaloenses que operan en la zona.
Sin embargo, el supuesto «accidente» donde perdieron la vida los agentes de la CIA y el comandante Pedro Román Oseguera Cervantes —a quien Zuany Portillo llamaba amigo— arroja una sombra de sospecha inevitable. En un mundo donde las filtraciones se pagan con sangre, queda abierta la posibilidad de que el Cártel de Sinaloa, al detectar la entrega de su infraestructura, haya optado por propiciar el fatal desenlace. En este escenario, la «Traición a la Patria» sería apenas la punta del iceberg de una traición mucho más profunda y letal que ha colocado a Chihuahua en el mapa internacional y a México en la mira de los Estados Unidos.
Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es por qué, ante este escenario de crisis, la estructura de poder permanece inamovible. Mientras la gobernadora María Eugenia Campos y el exfiscal César Jáuregui intentan proyectar un cambio de rumbo, los hechos sugieren una simulación: en la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con la colocado Pérez Rico, quien es señalado al interior de la fiscalía como el mejor amigo y aliado incondicional de Zuany Portillo y con este mismo operando desde la Fiscalía de Operaciones Especiales y su círculo cercano controlando la ministerial, el mensaje es de una continuidad absoluta. Es decir que lejos de una depuración, lo que se generó tras el “CIA Gate” fue únicamente un reacomodo donde Zuany Portillo parece haber ganado bonos de lealtad con los intereses extranjeros para recuperar el terreno perdido.
En resumen, la salida de César Jáuregui Moreno es un espejismo; una dosis de “atole con el dedo” para una sociedad chihuahuense que exige cambios reales, mientras el verdadero poder —encabezado por Zuany Portillo y respaldado por la influencia de Gilberto Loya Chávez— sigue dictando las reglas del juego tanto al interior de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como de la misma Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Con información de Código Magenta.
