Por: La Redacción.
Nairobi, Kenia., a 7 de noviembre del 2026.- El Tribunal Superior de Mombasa emitió una condena histórica de 200 años de prisión contra Paul Nthenge Mackenzie, líder de la secta apocalíptica «Iglesia Internacional Buenas Nuevas», al hallarlo penalmente responsable del asesinato de 191 personas, de las cuales 190 eran niños.
La jueza Diana Kavedza determinó que Mackenzie y 28 de sus seguidores —incluidos guardias que forzaban a los fieles a mantener el ayuno y sepultureros que ocultaban las fosas comunes— planearon y ejecutaron de manera «fría y premeditada» el confinamiento y la inanición de sus adeptos en el rancho Chakama, un predio de 324 hectáreas en el condado costero de Kilifi. La masacre, descubierta en 2023 tras la exhumación de más de 400 cuerpos de fosas clandestinas, se convirtió en una de las peores tragedias vinculadas al fanatismo religioso en la historia reciente de África.
De acuerdo con el fallo judicial, 183 de las víctimas fatales fallecieron directamente por falta total de alimentos tras ser instruidas a «morir de hambre para encontrarse con Jesús», mientras que otras ocho muertes fueron clasificadas como homicidios directos. Durante la audiencia, el tribunal desestimó los argumentos de la defensa y remarcó la falta absoluta de remordimiento por parte de los acusados, quien en su mayoría negaron los cargos.
Junto a Mackenzie, su asistente principal, Smart Mwakalama, recibió una pena de 160 años de cárcel. A pesar de que la fiscalía solicitó la pena de muerte, las condenas acumuladas garantizan que el liderazgo del culto permanezca recluido de por vida, mientras enfrenta otros procesos paralelos por delitos de terrorismo, tortura y abuso infantil.
La condena dictada en Mombasa cierra un capítulo judicial necesario, pero deja al descubierto graves fisuras institucionales en la prevención del delito y la protección de los derechos humanos en Kenia.
El caso de la masacre de Shakahola no puede explicarse únicamente por la manipulación del delírico discurso sectario de Mackenzie. La operación de una comuna de más de 400 personas en chozas de barro, donde se retenía y mataba de hambre a cientos de menores, ocurrió ante la ceguera —o indolencia— de la policía y los aparatos de inteligencia locales. Tal como denunciaron familiares de las víctimas, existieron alertas previas que las autoridades ignoraron, lo que permitió que la maquinaria de exterminio operara sin obstáculos durante meses.
El fallo evidencia la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a liderazgos carismáticos extremistas que operan al margen de la supervisión estatal. La falta de mecanismos eficientes para fiscalizar la proliferación de cultos aislados y la demora en los procesos de identificación forense (con cientos de cuerpos que aún permanecen sin reclamar) exponen la precarizada capacidad de respuesta del Estado keniano ante emergencias de seguridad pública.
Aunque el fallo impone penas centenarias, para los sobrevivientes y familiares el castigo punitivo llega tarde. El sentimiento de impunidad institucional persiste, dado que ningún funcionario público ni autoridad policial ha respondido penal o administrativamente por la omisión de auxilio que pudo evitar el homicidio masivo de casi doscientos niños.
La sentencia contra Paul Mackenzie fija un precedente en la persecución del fanatismo criminal, pero mantiene abierto el debate global sobre la complicidad por omisión de las estructuras gubernamentales cuando la fe se instrumentaliza para el exterminio.
