Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 25 de abril del 2026.- El escándalo internacional por el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, ha dado un giro diplomático devastador. Mientras el Gobierno de Chihuahua intentaba matizar los hechos, el Gabinete de Seguridad Nacional rompió el silencio: los dos agentes estadounidenses fallecidos no solo carecían de permisos para operar en México, sino que ingresaron al país bajo engaños migratorios.
De acuerdo con registros oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los agentes de la CIA —quienes aparecieron portando uniformes de la AEI en la Sierra Tarahumara— utilizaron estatus civiles para evadir controles:
- El primero ingresó a territorio mexicano con una visa de turista.
- El segundo lo hizo utilizando un pasaporte diplomático.
El Gobierno Federal fue tajante al desmarcarse de cualquier responsabilidad: «La legislación mexicana no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional», sentenció el Gabinete de Seguridad, dejando claro que ni la Cancillería ni las fuerzas federales fueron notificadas de esta intervención.
Esta revelación desbarata la narrativa de «transparencia» de la administración estatal. Mientras la gobernadora María Eugenia Campos Galván presumía el desmantelamiento de un laboratorio de drogas, la Federación confirma que no hubo aviso ni autorización para que extranjeros se involucraran físicamente en el operativo.
El choque entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Maria Eugenia Campos Galván escala a niveles críticos. Mientras la presidenta exige una explicación por la violación a la soberanía nacional, en Chihuahua la respuesta ha sido el hermetismo, delegando el caso a una «Unidad Especial» a la que se le ha prohibido emitir declaraciones.
Con la confirmación de que los agentes eran legalmente «turistas», la pregunta que queda en el aire y que el Gobierno del Estado se niega a responder es: ¿Quién autorizó entregar uniformes y armas de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a personal extranjero sin acreditación? El operativo, que dejó un saldo de cuatro muertos, se perfila ahora como una de las mayores crisis de legalidad y seguridad nacional en la historia reciente del estado, poniendo bajo la lupa la relación real entre las agencias de inteligencia de EE. UU. y la Fiscalía de Chihuahua.
