Por: La Redacción.
Culiacán, Sin., a 1 de mayo del 2026.- En lo que representa uno de los golpes más severos a la estructura política del oficialismo en años recientes, Rubén Rocha Moya anunció este viernes su separación del cargo como gobernador de Sinaloa. La decisión, presentada como una «licencia temporal», ocurre apenas horas después de que se hiciera pública una investigación en una corte de Nueva York que vincula directamente al mandatario con la facción de «Los Chapitos», del Cártel de Sinaloa.
El anuncio, realizado a través de una transmisión oficial, marca el colapso de una administración que, desde sus inicios, caminó bajo la sombra de la sospecha. “Tengo la conciencia tranquila”, afirmó Rocha Moya, un estribillo recurrente en la política mexicana cuando el sistema judicial, en este caso el estadounidense, cierra el cerco sobre figuras de alto nivel.
La solicitud de licencia no es un acto de cortesía política, sino una respuesta de emergencia ante la contundencia de las acusaciones. El gobierno de Estados Unidos no solo apunta al gobernador; el expediente describe una red de contubernio que incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, piezas clave en el engranaje de poder estatal de Morena.
La acusación formal detalla operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína y armas, operadas presuntamente bajo la protección de las fuerzas de seguridad locales y el beneplácito de la cúpula política sinaloense. Estados Unidos ha solicitado formalmente la extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios, una medida que pone en jaque la soberanía de los procesos de justicia en México y la narrativa de «abrazos, no balazos».
La caída de Rocha Moya activó de inmediato un efecto dominó. Casi en paralelo, a las 21:30 horas, el alcalde Gámez Mendívil convocó a una sesión de Cabildo a puerta cerrada —evadiendo el escrutinio de los medios— para solicitar su propia separación del cargo. El hermetismo en el Ayuntamiento de Culiacán refleja el estado de pánico que impera en la estructura estatal.
Para los observadores políticos, la licencia de Rocha Moya busca «facilitar las investigaciones», pero en la práctica, le retira el fuero y lo deja en una posición de vulnerabilidad legal inédita. La pregunta que ahora resuena en los pasillos de Palacio Nacional es hasta dónde llega la profundidad de estos vínculos y cuál será el costo político para la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya administración deberá decidir si entrega a uno de sus gobernadores más emblemáticos o inicia una batalla diplomática con Washington.
Sinaloa entra hoy en una fase de incertidumbre total. Mientras la capital del estado sigue bajo la tensión de los operativos militares, la salida de Rocha Moya confirma que, en el epicentro del narcotráfico, la línea entre el gobierno y el crimen organizado se ha vuelto, una vez más, invisible.
