Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 2 de mayo del 2026.- Nada es fortuito cuando el lodo de la narcopolítica salpica a ambos lados de la frontera. Mientras la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván era acusada por la izquierda de abrirle la puerta a las agencias gringas, el oficialismo se topó de frente con una realidad demoledora, Washington ya había elegido a sus villanos.
La caída de Rubén Rocha Moya gobernador de Sinaloa, no es solo el fin de un sexenio en la perla del Pacífico y por eso el impacto de la solicitud de extradición de Washington se siente como un tsunami que llega hasta el malecón, siendo esta la respuesta de fuerza de una inteligencia norteamericana que, tras el “accidente” de sus agentes en suelo chihuahuense, decidió recordarle a México quién tiene realmente “las llaves de la cocina.»
Para entender el pánico en Culiacán, primero hay que entender la polvareda en Chihuahua, donde la muerte de dos agentes de la CIA en el corazón de la Sierra Tarahumara hace apenas una semana no fue un simple suceso vial. Fue la exposición impúdica de un secreto a voces: la administración de María Eugenia Campos Galván no solo colabora con Washington; les ha entregado hasta la Torre Centinela.
La vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) —con Gilberto Loya Cha´vez a la cabeza— con el FBI, la DEA y la CIA, dejó de ser una teoría de conspiración para convertirse en un hecho de seguridad nacional. Y la respuesta de Morena fue en efecto visceral; un linchamiento mediático que buscaba el desafuero de la gobernadora, alegando una entrega de soberanía que, irónicamente, muchos en el centro del país también han practicado por debajo de la mesa.
Hay una frase que retumbará en los pasillos de Palacio Nacional durante todo el sexenio y es que ante la amenaza de ser acusada formalmente de traición de la Patria y enfrentar 40 años de prisión, María Eugenia Campos Galván respondió con una carcajada de poder: “¿Vámonos dando cuenta quién es quién?”.
Esa risa no era de inocencia, sino de protección. Al señalar que quienes pretendían juzgarla hoy aparecen en la «Lista Roja» de Estados Unidos, la gobernadora desnudó la realidad del tablero norteño: ella tiene el escudo de las agencias estadounidenses, mientras que sus detractores en Sinaloa apenas tienen el fuero local, un papel que se desintegra al cruzar el Río Bravo.
La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, tras ser vinculado con «Los Chapitos», es la carambola de tres bandas más espectacular de la era Sheinbaum.
- Primero: Washington protege a sus aliados en Chihuahua (el bastión de la derecha colaboracionista).
- Segundo: EE. UU. demuestra que su capacidad de inteligencia está «hasta la cocina» no solo en la FGE de Chihuahua, sino en las comunicaciones privadas del gabinete de Sinaloa.
- Tercero: El gobierno federal se queda sin narrativa. ¿Cómo acusar a una gobernadora de traición por trabajar con la CIA, cuando tus propios gobernadores están acusados por la misma CIA y la DEA de trabajar con el narco?
El panorama político de México se ha fracturado. El norte ya no responde solo a la Ciudad de México; responde a una dinámica de «quid pro quo» con Washington.
Chihuahua ha elegido el camino del Protectorado de Inteligencia: acceso total a cambio de supervivencia política. Sinaloa, por el contrario, intentó navegar en la ambigüedad de la soberanía nacionalista mientras convivía con el poder fáctico, y hoy paga el precio de ser el ejemplo que EE. UU. necesitaba para demostrar que el fentanilo ha cambiado las reglas del juego.
Al final del día, la risa de María Eugenia Campos Galván es el sonido de una nueva era: una donde la legitimidad no se gana en las urnas de Culiacán, sino en los expedientes de Nueva York. El país se cae, sí, pero algunos caen hacia arriba, protegidos por las mismas agencias que hoy tienen a Rocha Moya con un pie en la extradición.
