Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de mayo del 2026.- La narrativa de seguridad en Chihuahua ha dado un giro dramático. Lo que el Gobierno del Estado presenta como una «colaboración histórica» con agencias de inteligencia extranjeras, es denunciado por la oposición como una peligrosa violación a la soberanía nacional, diseñada exclusivamente para ocultar el colapso de una estrategia de seguridad local que ha costado más de 5 mil millones de pesos, así lo expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, diputado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.
La acusación, liderada por la bancada de Morena en el Congreso, sugiere que la administración de María Eugenia Campos Galván ha «abrió las puertas» de par en par a agentes de la CIA y otras corporaciones estadounidenses sin los protocolos legales que exige la Constitución. Según el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, esta entrega de soberanía tecnológica y operativa no es un gesto de eficiencia, sino un acto de desesperación ante la falta de resultados propios.
“Se violentó la soberanía para encubrir un fracaso”, señalan las voces críticas, apuntando a que la Torre Centinela —el proyecto insignia de la gobernadora— se ha convertido en un elefante blanco que requiere de «muletas» extranjeras para justificar su existencia y sus magros resultados en la reducción de delitos de alto impacto.
Mientras el estado presume el desmantelamiento de laboratorios en la sierra con ayuda externa, las cifras oficiales cuentan otra historia. Chihuahua ha vuelto a los primeros lugares en índices de violencia nacional, un retroceso que la oposición atribuye a una «descoordinación deliberada». Al actuar de forma unilateral y al margen del Plan Nacional de Seguridad, el gobierno estatal habría fracturado la unidad de mando para favorecer una agenda que prioriza la imagen pública sobre la seguridad territorial.
La pregunta que queda en el aire es: ¿A qué costo se permite que agencias extranjeras operen en Chihuahua? Para los críticos, el precio es la soberanía misma, sacrificada en el altar de una estrategia de 5 mil millones de pesos que, hasta hoy, sigue sin entregar la paz prometida a los chihuahuenses.
