Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 14 de mayo del 2026.- El ambicioso Proyecto Centinela, la piedra angular de la estrategia de seguridad del Gobierno del Estado de Chihuahua, ha enfrentado su primer gran revés financiero y administrativo. Tras una fiscalización rigurosa de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló que el proveedor estratégico, “Seguritech Privada, S.A. de C.V.”, incumplió con los plazos de entrega de infraestructura crítica, lo que obligó a la restitución de 112.3 millones de pesos al erario público.
Este ajuste a la baja, calificado por el Auditor Superior Héctor Acosta Félix como un hecho sin precedentes en proyectos de esta magnitud, no fue un acto de voluntad espontánea de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), sino el resultado de una observación técnica que detectó pagos por servicios y bienes no devengados.
La auditoría determinó que, al cierre de 2024, la administración estatal no había aplicado las penas convencionales estipuladas por el retraso en componentes esenciales para la vigilancia del estado. Entre los activos no entregados a tiempo destacan:
- 30 arcos carreteros destinados a la vigilancia de las principales vías del estado.
- La Torre Centinela, el nodo central de la estrategia, que presentaba retrasos significativos en su edificación y equipamiento.
- Centros de mando y Video Walls en regiones críticas como Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes, zonas históricamente golpeadas por la violencia.
El documento revela que la SSPE suspendió los pagos correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2024 solo después de que la ASE señalara la irregularidad. Esto detonó una serie de 15 audiencias de conciliación administrativa ante la Secretaría de la Función Pública, donde el proveedor buscó liberar los fondos retenidos.
Finalmente, el 28 de febrero de 2026, se suscribió un nuevo convenio modificatorio que formalizó las penalizaciones. La recuperación total de $112,377,446.31 pesos se desglosó en dos notas de crédito que amparan desde multas por trimestres vencidos hasta el valor de servicios no prestados e intereses por pagos en exceso.
Aunque el Auditor Superior reconoció la disposición de la SSPE para atender la observación, el caso deja interrogantes sobre los mecanismos internos de supervisión de la Secretaría antes de la intervención de la ASE. En un estado donde la seguridad es la prioridad presupuestaria, la gestión del Proyecto Centinela queda bajo el microscopio: ¿cuántas omisiones más habrían pasado desapercibidas sin la intervención de la auditoría externa?
Por ahora, la ASE ha dado por «atendida y aclarada» la observación, pero el precedente está sentado: incluso el proyecto más blindado de la actual administración no está exento del rigor de la fiscalización superior.
