Por: Sandra Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 13 de mayo del 2026.- La onda expansiva del operativo en El Pinal, municipio de Morelos, ha cobrado su segunda pieza de alto nivel dentro del engranaje de seguridad en Chihuahua. Se confirma la salida de Guillermo Zuany Portillo, titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, un movimiento que ocurre apenas horas después de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván prometiera acciones contundentes contra quienes permitieron la «convivencia informal» de agentes de la CIA en instalaciones oficiales.
La trayectoria de Zuany Portillo en la Fiscalía General del Estado (FGE) ha estado marcada por la controversia. Exjefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dejó dicho cargo luego de que el gobierno de Estados Unidos le revocara su visa de turista por motivos aún no esclarecidos. En su lugar quedó quien fuera su amigo cercano, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien perdió la vida el pasado 19 de abril junto a dos agentes de la CIA tras localizar un narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa.
Fuentes internas describen a Zuany Portillo no solo como un agente operativo eficaz, sino como un personaje que solía «brincarse» los protocolos de actuación, operando con una autonomía que hoy, tras la tragedia en la Sierra Tarahumara, resulta insostenible para la administración estatal.
Aunque la narrativa oficial intenta presentar la salida como una «renuncia estratégica», el contexto apunta a una purga interna. La Unidad Especializada de la FGE admitió recientemente que «nadie se dio cuenta» de la presencia de extranjeros armados conviviendo con mandos de la AEI, una omisión que ha puesto a Chihuahua bajo la lupa de la Federación y de agencias internacionales.
El cese de Zuany Portillo sugiere un intento de Palacio de Gobierno por calmar las aguas con la Federación y responder a las recientes advertencias de la DEA sobre la corrupción institucional en México. Sin embargo, para la oposición encabezada por Morena, este movimiento podría interpretarse como la búsqueda de un «chivo expiatorio» para proteger a las altas esferas del gabinete de seguridad.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) avanza en su propia investigación por el «CIA Gate», la pregunta en los pasillos del poder es: ¿quién sigue? La caída de Zuany Portillo es la primera señal de que la sentencia de la gobernadora de «proceder conforme a derecho» ha comenzado a ejecutarse, sacrificando piezas operativas en un esfuerzo por contener una crisis que amenaza con escalar a niveles diplomáticos.
