Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 26 de mayo del 2026.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván reveló que ha sido citada a comparecer en la Ciudad de México debido a la reactivación de una denuncia por «supuesto secuestro» presentada en su contra por el senador Javier Corral Jurado el presunto delito de “privación de la libertad personal, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones”
Este proceso legal se remonta a los eventos ocurridos en el bar «GIN GIN» de la capital del país, lugar donde agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral Jurado por presuntos delitos de peculado y desvío de recursos.
La captura, sin embargo, no pudo concretarse debido a la intervención de altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, quienes actuaron para impedir la diligencia judicial bajo el argumento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México consideró el operativo desplegado en el bar “Gin Gin” como ilegal al no contar con la autorización formal de colaboración necesaria.
Este episodio, calificado por la actual administración como «vergonzoso», es ahora la piedra angular del nuevo citatorio enviado a María Eugenia Campos Galván, quien expresó su extrañeza ante la diligencia, subrayando que se trata de la reapertura de un expediente que ya había sido concluido, vinculando esta reactivación con una estrategia más amplia de presión política que, según sus declaraciones, busca paralizar su gestión al activarse simultáneamente con otras solicitudes de juicio político en su contra.
Fue através de un video difundido por el Gobierno del Estado que, la gobernadora María Eugenia Campos Galván cuestionó el actuar del Gobierno Federal ya que mientras “Corral se escuda con denuncias, presume públicamente reuniones con personas acusadas de vínculos con el narcotráfico y con solicitudes de extradición pendientes”.
Pese a lo que califica como una «persecución política pura y dura» y el uso faccioso del aparato federal, Campos Galván afirmó que no evadirá la ley por lo que reiteró que dará la cara y enfrentará el proceso, argumentando que su deber es utilizar la legalidad para defender la integridad de su administración frente a lo que denomina un «doble rasero» por parte de las autoridades federales.
