Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de julio del 2026. – En un reciente mensaje, la gobernadora María Eugenia Campos Galván arremetió contra el Gobierno Federal, denunciando una supuesta crisis de confianza derivada de la falta de acciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria advirtió que esta «complicidad» está provocando la fuga de inversiones y empleos, ejemplificando su postura con el caso de la automotriz Toyota.
Sin embargo, el posicionamiento de la gobernadora contrasta drásticamente con una realidad silenciada por años dado el historial de su propio partido y su trayectoria personal, ya que mientras Campos Galván exige hoy transparencia y «romper el pacto» con el crimen organizado, la mandataria pareciera ignorar las sombras que persiguen a Acción Nacional.
Resulta fundamental recordar que, bajo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —quien también fungió como Director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 durante el mandato de Vicente Fox Quezada, ambos presidentes emanados de Acción Nacional, no solamente se dejó crecer al cártel de Sinaloa, sino que en diciembre del 2006 se inicio la llamada “Guerra contra el Narco” que dejó más de 120,000 homicidios y más de 16,000 personas desaparecidas.
Es importante recordar que durante un juicio llevado a cabo en Estados Unidos, quedó plenamente documentado que García Luna utilizó su cargo como Secretario de Seguridad para proteger los intereses del Cártel de Sinaloa, recibiendo decenas de millones de dólares en sobornos —frecuentemente entregados en maletas— a cambio de garantizar el paso seguro de cocaína hacia territorio estadounidense.
Asimismo, se probó que el exfuncionario filtró inteligencia estratégica y datos de operativos contra grupos rivales para beneficiar a la organización liderada por Joaquín «El Chapo» Guzmán, además de cometer perjurio al mentir a las autoridades migratorias de EE. UU. sobre su historial delictivo durante su proceso de solicitud de ciudadanía.
A nivel local, el silencio ha sido igualmente cuestionado. Es fundamental recordar que, cuando la periodista Miroslava Breach publicó el 4 de marzo de 2016 el reportaje «Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua», donde narraba la infiltración del crimen organizado en candidaturas locales del PRI y el PAN, cuando el ahora senador Mario Vázquez Robles era dirigente estatal del Partido Acción Nacional y María Eugenia Campos Galván se desempeñaba como diputada local en el Congreso de Chihuahua, integrando la LXIV Legislatura.
En aquel momento, mientras la delincuencia buscaba colocar a familiares y operadores en la estructura política, Campos Galván, quien ya se perfilaba como la precandidata designada de su partido para la alcaldía de la capital, optó por el silencio, el mismo silencio que llevó a la periodista de la Jornada a ser asesinada un año despúes y donde además Hugo Shultz quien fuera alcalde del PAN por el municipio de Chínipas fue procesado y sentenciado por su involucramiento en el asesinato de la corresponsal de La Jornada.
https://www.jornada.com.mx/2016/03/04/estados/028n1est
