Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de junio del 2026.- En medio de la confrontación política entre la administración municipal de Ciudad Juárez y la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Mario Vázquez Robles hizo un llamado a transitar de la retórica de confrontación hacia la vía institucional para esclarecer las presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
La tensión escaló recientemente luego de que el Comité Directivo Estatal del PAN utilizara pancartas para señalar posibles irregularidades en la adquisición de servicios de barredoras en Ciudad Juárez, una acción que el senador Vázquez Robles respaldó bajo el argumento de que las fuerzas políticas «tienen la obligación de verificar el actuar de sus gobernantes».
Al ser cuestionado sobre las constantes acusaciones de corrupción que rodean a la administración municipal juarense, el legislador calificó este escenario como «vox populi» en el estado.
Ante la postura del alcalde de Juárez, quien presentó documentación que supuestamente desestima la existencia de irregularidades en sus contratos, Vázquez Robles cuestionó la legitimidad de dicho archivo y exhortó a que las dudas se resuelvan en los organismos competentes.
«Si hay una duda, corresponde a las autoridades dejar abierta la posibilidad de cualquier investigación», sostuvo el senador, añadiendo que la exhibición de documentos no debe sustituir el proceso de auditoría legal. Entre las instancias que el senador señaló como responsables de intervenir se encuentran:
- La Auditoría Superior del Estado.
- La Fiscalía General del Estado.
- La Fiscalía Anticorrupción.
Para Mario Vázquez Robles, la prioridad debe ser que los señalamientos no se limiten al «dime y daca» político entre el gobierno municipal, el PAN y el Ejecutivo Estatal. El senador subrayó que la malversación de fondos públicos constituye «un delito grave» y «un crimen en contra de una población» que demanda transparencia.
Finalmente, el legislador insistió en que el ejercicio del poder público debe estar regido por una «actitud recta» y una «rendición de cuentas abierta siempre», instando a que, de comprobarse los ilícitos, las autoridades apliquen las sanciones correspondientes sin excepciones.
