Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua Chih., a 20 de julio del 2026.- En los pasillos del Congreso de Chihuahua, la fiscalización suele ser un ejercicio de paciencia, pero esta vez, el tono ha cambiado. Tras meses de incertidumbre sobre el futuro del manejo de residuos en la capital, la Diputación Permanente ha decidido romper el velo de opacidad: el Ayuntamiento de Chihuahua tiene la obligación de abrir sus libros.
La exigencia, encabezada por la diputada Brenda Ríos Prieto, no es solo un trámite burocrático; es una interrogante directa sobre 132 millones de pesos que, en teoría, debieron ser la solución definitiva a una crisis ambiental, pero que, en la práctica, se han diluido en un complejo entramado de cambios administrativos.
Hace tiempo, el proyecto se vendía bajo la promesa de una infraestructura de vanguardia: un nuevo relleno sanitario que pusiera a la ciudad a la altura de las exigencias ambientales del siglo XXI. Sin embargo, como ocurre a menudo en la política local, la realidad tomó otro rumbo. En 2023, el crédito original de 132 millones de pesos sufrió una metamorfosis. Ya no se trataba de construir una solución desde cero, sino de parchar el presente: ampliaciones, un «Complejo Ambiental» y acciones de remediación.
La pregunta que flota en el ambiente —y que los ciudadanos se hacen al ver el estado de los servicios públicos— es simple: ¿dónde quedó la eficiencia prometida?
El documento aprobado por el Congreso es quirúrgico. No pide generalidades; exige certezas. La Tesorería Municipal ha sido emplazada a entregar, desde pólizas contables hasta órdenes de pago y estados de cuenta. Es un escrutinio que busca rastrear cada peso, desde la ministración hasta el último recibo.
«La autorización de deuda pública no es un cheque en blanco», parece ser el mensaje implícito de esta legislatura. Y es que detrás de cada orden de pago que se le exige a las Direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos, existe una cuestión de fondo: la responsabilidad de un gobierno que decidió cambiar el destino de un proyecto sin que el impacto de esa decisión fuera, hasta hoy, totalmente transparente para los contribuyentes.
El otro actor en esta trama es la Auditoría Superior del Estado (ASE). Su papel es el de árbitro, pero hasta el momento, su actuación ha sido discreta. El Congreso ha puesto el foco sobre ellos: ¿se han revisado estos recursos con la profundidad necesaria? ¿Hay hallazgos que permanecen archivados mientras la ciudad sigue lidiando con sus residuos?
El destino del predio originalmente pensado para el nuevo relleno es hoy un terreno de especulaciones legales y administrativas. Mientras tanto, los chihuahuenses esperan que los 132 millones de pesos no se conviertan solo en una anécdota contable.
La transparencia es, en última instancia, el único antídoto contra la improvisación. La capital del estado tiene derecho a saber si sus finanzas se están utilizando para construir un futuro sostenible o para maquillar una gestión que, hasta hoy, prefiere los laberintos técnicos sobre la claridad del servicio público.
