Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de agosto del 2026.- Detrás de las cifras y los informes técnicos sobre la violencia en la Sierra Tarahumara se encuentran rostros, historias y familias enteras que han tenido que dejarlo todo. El despojo de sus patrimonios, la pérdida de su tranquilidad y la ausencia de seres queridos son las marcas imborrables que dejó el desplazamiento forzado interno (DFI) en la región.
Ante este panorama desolador, una serie de reuniones sostenidas en la Ciudad de México a inicios de agosto han abierto una puerta de esperanza para las comunidades afectadas. Representantes de diversas instancias federales, en un hecho clave de colaboración con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, se comprometieron a implementar una ruta de acción inmediata.
Las mesas de diálogo contaron con la participación directa de personas desplazadas, quienes compartieron sus testimonios frente a funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), representantes del Senado de la República y de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República.
Este esfuerzo de interlocución fue impulsado por la Misión Civil de Observación —integrada por colectivos como la Red TDT, Serapaz, PBI México, Tlachinollan, ASMAC, Cedehm, Cosyddhac, CONTEC y el Colectivo Nuevo Amanecer—, quienes han dado acompañamiento cercano a las comunidades desde sus recorridos de campo realizados en mayo de 2026.
Asimismo, se contó con el respaldo fundamental de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), garantizando un escrutinio internacional y un enfoque de derechos humanos en la búsqueda de soluciones.
Como resultado de estas gestiones y del “Informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua” presentado por las organizaciones, las autoridades federales reconocieron la magnitud del problema y asumieron compromisos tangibles:
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB confirmó la realización de una gira de trabajo en territorio chihuahuense junto con las comunidades afectadas para dar atención oportuna e inmediata, cimentada en un diagnóstico elaborado tras visitas previas realizadas a principios de agosto.
Se estableció el compromiso de articular esfuerzos entre los municipios, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Federación.
Las organizaciones sociales exigen y mantienen sobre la mesa la necesidad de crear una estrategia integral que permita a las víctimas reconstruir sus proyectos de vida, acceder a la justicia y retornar a sus territorios bajo condiciones plenas de seguridad.
Si bien las respuestas de instancias locales como la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se habían limitado previamente a una disposición general de coordinación sin compromisos firmes, la apertura mostrada ahora a nivel federal y por organismos internacionales marca un cambio de rumbo necesario.
La Misión Civil de Observación ha dejado claro que mantendrá su labor de acompañamiento a las familias de la Sierra Tarahumara. La exigencia sigue firme para los tres niveles de gobierno: atender esta crisis humanitaria sin distingos partidistas, colocando siempre al centro la dignidad y los derechos de quienes han sido injustamente expulsados de sus hogares.
