Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 22 de agosto del 2026.- El funcionario estatal y empresario Ricardo Fernández Acosta aparece en un acto político junto a la gobernadora y el alcalde de Chihuahua, pese a figurar como socio de una compañía señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La presencia de un alto funcionario del gabinete de seguridad estatal en un acto proselitista del Partido Acción Nacional (PAN) ha encendido los reflectores políticos y puesto en entredicho los filtros de escrutinio institucional en la administración pública de Chihuahua.
Ricardo Fernández Acosta, quien actualmente funge como subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y quien fue ubicado entre los asistentes destacados de un evento de campaña en apoyo al alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza.
En el presídium y en las imágenes del evento también figuraron la gobernadora María Eugenia Campos Galván; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez; el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; y la dirigente estatal del partido, Daniela Álvarez Hernández.
El cuestionamiento central sobre la participación de Fernández Acosta radica en sus antecedentes empresariales documentados a nivel federal. De acuerdo con una investigación periodística respaldada por registros públicos, el funcionario es socio de Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., una compañía de seguridad privada constituida en 2010 y controlada por Alfredo Orozco Romero, la cual fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La sanción estadounidense apunta a que dicha red operaba esquemas de lavado de dinero vinculados directamente al Cártel de Sinaloa. Según las actas del Registro Público de Comercio consultadas en las indagatorias, Fernández Acosta asumió la presidencia del Consejo de Gerentes y cuenta con una participación accionaria del 19% en la empresa desde febrero de 2022, tras una cesión de partes sociales realizada por otros coinvolucrados que también enfrentan sanciones internacionales.
Al ser consultado sobre estos señalamientos, el funcionario estatal ofreció respuestas difusas, argumentando haber sido víctima de una presunta estafa al habérsele presentado la compañía como un negocio ordinario de seguridad privada, sin detallar las circunstancias de dicha transacción.
Asimismo, la investigación destapó que las actividades societarias de Fernández Acosta —quien además es General de División Diplomado del Estado Mayor en retiro y ha participado en al menos otras cuatro empresas (Seguridad Privada Quac, Iksa Servicios de Seguridad Privada y Limpieza, Renta de Vehículos Fervillan, y Huevos y Aves Acosta)— no fueron reportadas en sus declaraciones patrimoniales recientes disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de 2021.
La exhibición pública de un funcionario bajo escrutinio internacional en un evento político de primer nivel genera suspicacias severas sobre los controles de confianza y la procedencia de los vínculos al interior de las estructuras gubernamentales sobre todo por los señalamientos que ha hecho el PAN en Chihuahua contra figuras morenistas presuntamente vinculadas con el crimen organizado lo que evidencia una contradicción que representa para la administración estatal mantener en un cargo estratégico de reinserción social a un personaje con estos antecedentes, máxime cuando desde el plano oficial se cuestiona constantemente la legalidad y la probidad en la función pública.
Información tomada de zonafree.com.mx
