Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 1 de septiembre del 2026.- El eco de las consignas y el dolor de la ausencia se elevaron el pasado fin de semana en cada rincón del país, esto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas jornada se desarrolló en uno de los momentos de mayor tensión y visibilidad internacional para el Estado mexicano, atrapado en una crisis estructural caracterizada por más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de una monumental crisis de identificación forense que acumula más de 72 mil cuerpos sin nombre en las morgues del país.
Bajo los rayos del sol y frente al imponente océano Pacífico, el aire en las Playas de Tijuana se impregnó de memoria y resistencia el pasado 22 de agosto. En ese rincón fronterizo, madres, hermanas, hijas y activistas de colectivos de búsqueda se unieron al artista plástico Enrique Chiu para plasmar rostros, nombres y consignas en una sección del muro fronterizo.
No fue un acto artístico ordinario; cada brochazo sobre el metal representaba el pulso de una lucha incansable. Entre risas contenidas por la memoria y lágrimas inevitables, las mujeres buscadoras —ataviadas con pañoletas, pancartas y fichas de búsqueda con los rostros impresos de sus seres queridos— convirtieron la división geopolítica en un memorial vivo. Con palas, picos e hincadas sobre la tierra que el Estado ha ignorado, estas mujeres demostraron que donde las instituciones gubernamentales han fracasado, el amor familiar construye caminos de excavación y esperanza. Sin embargo, esa misma tierra que peinan con recursos propios y precarios se ha convertido en una zona de alto riesgo: ahí, remover la tierra significa también desafiar a las redes criminales y a la omisión oficial.
Detrás de las cifras frías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas —que al 29 de agosto de 2026 contabilizan 132,844 casos— se esconde una tragedia humanitaria de proporciones alarmantes. A pesar de contar teóricamente con una legislación robusta e instituciones creadas para prevenir y localizar, la ineficacia oficial ha obligado a los familiares a tocar puertas internacionales.
Esta presión alcanzó un punto de inflexión histórico cuando el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), tras activar por primera vez el artículo 34 de su Convención, solicitó al Secretario General de la ONU remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General. El argumento del organismo internacional es lapidario: existen indicios fundados de que en el país se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, perpetradas mediante ataques generalizados o sistemáticos donde han participado tanto células criminales como agentes del Estado —como quedó documentado trágicamente en casos emblemáticos como Ayotzinapa o el Rancho Izaguirre—.
A mediados de septiembre, la Asamblea General de la ONU abordará formalmente esta crisis. Como señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, se trata de una oportunidad crucial para que el Estado mexicano acepte cooperación técnica y financiera internacional, priorizando la verdad y la justicia por encima de la simulación burocrática.
Mientras las altas esferas gubernamentales debaten informes, las familias enfrentan una doble crisis: la ausencia de sus hijos y la violencia colateral de un entorno hostil. El informe Desaparecer otra vez, publicado por Amnistía Internacional, retrata con crudeza la tormenta que viven las mujeres buscadoras. No sólo cargan con el desgaste físico, las enfermedades crónicas y la precaria situación económica, sino que enfrentan amenazas directas del crimen organizado, hostigamiento, revictimización y estigmatización sistemática por parte de las propias autoridades de los tres niveles de gobierno.
El saldo de esta indefensión es mortal. Organismos como Artículo 19 documentan que, desde 2010 a la fecha, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en el país. Los casos recientes de Cecilia Acosta Ramblas —localizada sin vida tras ser reportada como desaparecida en abril de 2026— y de Patricia Negrete Tafoya —integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, asesinada en junio de 2026 en Guanajuato tras buscar a su hermano desde 2021— evidencian que en México buscar la verdad es una sentencia de riesgo mortal.
Frente a este panorama desolador, la campaña nacional #BuscarSinMiedo exige al Estado mexicano algo elemental pero sistemáticamente negado: reconocer formalmente a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos, integrarlas al Mecanismo de Protección y garantizarles medidas efectivas de seguridad física, médica, psicológica y jurídica. En un país donde la ausencia gubernamental se llena con fosas clandestinas descubiertas por madres con sus propias manos, la conmemoración de este 30 de agosto no es una fecha para el discurso oficial, sino el recordatorio urgente de que en México la justicia sigue bajo escombros.
