Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Cuauhtémoc, Chih., 7 de septiembre de 2026 — Bajo la justificación de reordenar el patrimonio institucional, el Gobierno de Chihuahua ejecutó una operación inmobiliaria que hoy se encuentra en el centro de la controversia política y social. La administración estatal enajenó un paquete de 167 viviendas pertenecientes a Pensiones Civiles del Estado (PCE) en Ciudad Cuauhtémoc por un monto global de aproximadamente 45 millones de pesos; sin embargo, el verdadero escándalo radica en el costo unitario: cada inmueble fue colocado a un precio promedio de apenas 269,461 pesos, un auténtico regalo institucional que contrasta drásticamente con la realidad del mercado actual, donde las mismas casas ya se ofertan entre 800 mil y un millón de pesos.
El caso, que amenaza con convertirse en uno de los mayores flancos de opacidad inmobiliaria para la administración de María Eugenia Campos Galván, fue ventilado con crudeza por
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, durante un recorrido por el fraccionamiento que fue vendido por PCE en el municipio de Cuauhtémoc calificó la transacción que realizó a peticion de la gobernadora María Eugenia Campos Galván como un despojó al patrimonio público disfrazado de subasta.
Para dimensionar la magnitud de la operación, basta realizar la división elemental que las bancadas de oposición han colocado sobre la mesa: 167 viviendas liquidadas por un paquete cercano a los 45 millones de pesos arrojan un valor unitario de 269,461 pesos por casa.
Para el líder de la bancada morenista, este precio pulveriza cualquier argumento de beneficio social. Mientras el déficit habitacional golpea con fuerza a las familias de la región —particularmente a comunidades desplazadas de la Sierra que carecen de opciones de vivienda digna—, el Gobierno del Estado decidió deshacerse de un complejo habitacional estratégico para entregárselo a particulares que, a escasos dos meses de la compra, ya frotan las manos revendeindo los inmuebles hasta al cuádruple de su costo de adquisición.
“Hace dos meses las compraron y ahorita las están vendiendo al cuádruple”, denunció el legislador, cuestionando el verdadero propósito de la infraestructura pública bajo el control de organismos descentralizados.
Más allá de la escandalosa plusvalía instantánea generada para los compradores privados, el coordinador morenista puso la mira en los vacíos legales y el silencio gubernamental que rodean el proceso de enajenación.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 12 de agosto se emitió un oficio dirigido formalmente al titular de la Secretaría de Hacienda estatal —en su calidad de presidente de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado— conteniendo un pliego de 13 preguntas clave destinadas a esclarecer los criterios de la operación: ¿Quién autorizó la venta?, ¿bajo qué procedimiento se realizó?, y ¿cuál fue el sustento financiero? Hasta el día de hoy, la respuesta institucional ha sido el silencio absoluto.
A este manto de opacidad se suma una presunta violación al marco normativo del Congreso local. Aunque Pensiones Civiles opera técnicamente como un organismo descentralizado con patrimonio propio, la legislación de Chihuahua establece candados estrictos para la disposición de bienes del Estado. Para el líder de la bancada de Morena, la subasta conjunta operada entre Pensiones y la Comisión de Vivienda (Coesvi) incurre en una evidente ilegalidad al haberse saltado la autorización obligatoria del Poder Legislativo.
El caso de la venta de viviendas de interés social en el Ciudad Cuauhtémoc no parece ser un hecho aislado, sino la punta de un iceberg inmobiliario. Ante la falta de explicaciones del Ejecutivo estatal, la bancada de Morena anunció que ampliará las investigaciones para fiscalizar el estatus de otros desarrollos habitacionales y reservas territoriales administradas por Pensiones Civiles del Estado en regiones como Hidalgo del Parral y Delicias, con el fin de determinar si operó el mismo esquema de subastas a bajo costo en detrimento del fondo de pensiones de los trabajadores y del erario público.
En ese sentido, la administración de María Eugenia Campos Galván está obligada a explicar por qué se liquidó a precio de saldo el patrimonio de los chihuahuenses y bajo qué criterios un bien de utilidad social terminó convertirse en el negocio redondo de unos cuantos particulares.
