Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 6 de septiembre del 2026.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un posicionamiento para oponerse firmemente a la designación de un fiscal estatal con una supuesta autonomía por un periodo de ocho años, propuesta impulsada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Frente a este intento, el organismo empresarial propuso un modelo de “designación por mérito” a través de una convocatoria pública y transparente evaluada por un Comité Ciudadano plural —integrado por sociedad civil, academia y colegios profesionales— para integrar una terna técnica que sea votada por dos tercios del Congreso.
El PAN y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de reforma constitucional (modificando el Artículo 121) para dotar formalmente de autonomía a la Fiscalía General del Estado —actualmente dependiente del Poder Ejecutivo—, pero bajo un proceso sumamente cuestionado y controlado.
El esquema contempla que la gobernadora María Eugenia Campos Galván remita directamente una terna a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado —presidida por Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano— para que las personas comparezcan y el pleno elija por cédula con el voto de las dos terceras partes, sin filtros ciudadanos reales.
Es importante destacar que el principal nombre que se maneja para ocupar esta fiscalía a la medida de la gobernadora es Gilberto Loya Chávez, actual secretario de Seguridad Pública Estatal y principal responsable del cuestionado modelo de la Plataforma Centinela.
Gilberto Loya Chávez, ingeniero electromecánico de formación y hombre con trayectoria policial, acaba de sumar a su expediente dos cédulas profesionales: una de Licenciatura en Derecho y otra de Maestría en Derecho Penal y de Amparo. Ambas fueron expedidas el mismo día —el 3 de julio de 2026— por el Instituto Universitario Amerivent México, una institución privada local que en el pasado dejó a cientos de egresados esperando años por sus títulos y a la que muchos llaman, sin rodeos, “universidad patito”.
Lo llamativo no es solo el doble título exprés, sino la contradicción en los tiempos: mientras las constancias de la SEP registran supuestas “titulaciones” en 2016 y 2019, las cédulas oficiales llegaron juntas, de golpe, apenas hace unas semanas. Esta coincidencia temporal encaja a la perfección con los intensos rumores que circulan en los círculos políticos sobre su inminente postulación para encabezar esta fiscalía transexenal, diseñada para garantizar impunidad en la próxima administración y proteger los intereses de la mandataria estatal ante los señalamientos de corrupción.
