Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de septiembre del 2026.- Con el propósito de abrir cauces institucionales a la participación pública y legislativa de las mujeres en la entidad, la diputada por Morena, Jael Argüelles Díaz, lanzó formalmente la convocatoria para el Parlamento de Mujeres 2026. El ejercicio, programado para llevarse a cabo en noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pretende congregar voces provenientes de municipios, pueblos originarios, comunidades de la diversidad sexual y sectores con discapacidad.
Durante la presentación, la legisladora subrayó que la iniciativa busca consolidar un espacio «sororo e inclusivo» donde las experiencias de las ciudadanas se transformen en propuestas legislativas tangibles. Asimismo, el llamado se enmarcó en la agenda de derechos impulsada a nivel nacional por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizando que la igualdad sustantiva representa una conquista histórica innegociable.
Si bien el Parlamento Abierto busca democratizar el acceso al recinto legislativo y visibilizar las demandas de grupos tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones, la crítica persistente en torno a estos ejercicios radica en su alcance operativo.
A menudo, la distancia entre la presentación de ponencias ciudadanas y la efectiva dictaminación, aprobación y asignación presupuestal de reformas legales profundas en el Congreso del Estado suele ser amplia. Para que el Parlamento de Mujeres no se reduzca a un foro testimonial o a un escaparate político con incentivos limitados —como el estímulo económico anunciado para las participantes—, la exigencia central de los colectivos feministas y sociales radica en que las iniciativas emanadas de estos espacios encuentren un cause vinculante en la agenda parlamentaria ordinaria.
En ese sentido, el llamado de la diputada Jael Argüelles Díaz a construir un estado donde «no haya desaparecidas ni feminicidios» pone de manifiesto la compleja realidad que enfrenta Chihuahua, ubicado entre los primeros lugares nacionales en violencia de género y desaparición de personas.
En un escenario donde la crisis de seguridad y la violencia feminicida continúan cobrando vidas, la efectividad de las leyes impulsadas desde el Legislativo no se mide únicamente en la pluralidad de sus convocatorias, sino en su capacidad real para frenar la impunidad, garantizar la protección integral de las mujeres y transformar el marco institucional en respuestas de justicia verdaderamente operativas.
