Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 12 de septiembre del 2026.- En la narrativa oficial del primer semestre de 2026, México parece transitar hacia una pacificación paulatina en donde las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presumen un descenso del 30% en la incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional, una cifra que, en el papel, se traduce en 8 mil 988 víctimas.
Sin embargo, un análisis profundo y crítico de estos datos, contrastado con fuentes alternativas y la realidad de las calles, revela una verdad mucho más sombría: la aparente reducción no es más que una ilusión construida sobre la opacidad, el subregistro sistemático y una crisis humanitaria sin precedentes que funciona como sumidero de la violencia letal.
El informe semestral de incidencia delictiva, lejos de ser un reflejo fidedigno de la seguridad en el país, se asemeja a una «fábrica de las apariencias», donde las instituciones, lejos de buscar la verdad, parecen priorizar el control de daños y la propaganda política.
Si bien estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y el Estado de México continúan concentrando los mayores volúmenes de violencia letal, otros como San Luis Potosí y Zacatecas reportan caídas drásticas superiores al 60%. Un alivio aparente que se desmorona al aplicar un escrutinio metodológico riguroso.
El informe de la organización Causa en Común expone que estas caídas no corresponden necesariamente a una pacificación real, sino a una combinación de artificios estadísticos y reclasificaciones encubiertas. Con una cifra negra estimada por el INEGI del 93%, las autoridades únicamente conocen y procesan el 7% de los delitos cometidos, lo que de entrada cuestiona la legitimidad de cualquier descenso porcentual.
El análisis desmenuza las tácticas detrás de este «maquillaje de la paz» en cinco puntos fundamentales:
La utilización discrecional de categorías residuales como «otros delitos contra la vida» es una de las principales vías de escape. El informe revela que en 18 entidades del país, el número de víctimas por homicidio culposo (accidentes) supera o compite directamente con el de asesinatos intencionales, alimentando la sospecha técnica de que muertes violentas intencionales están siendo diluidas burocráticamente como accidentales. Asimismo, en 12 entidades, la categoría residual supera a los homicidios dolosos.
La crisis de personas desaparecidas y no localizadas representa el agujero negro más grande en la medición de la violencia. En 10 entidades federativas, el incremento de personas desaparecidas superó al número total de asesinatos reportados en el mismo periodo. Casos extremos como Yucatán y Veracruz (con alzas superiores al 100%), Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco y Chiapas muestran esta dinámica, donde las desapariciones funcionan como un sumidero estadístico de la violencia letal.
La falta de veracidad institucional queda expuesta al contrastar las cifras del SESNSP con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI. Mientras las fiscalías reportaron 24 mil 344 víctimas de asesinato al SESNSP, los certificados de defunción del INEGI arrojaron 27 mil 989 homicidios, una discrepancia nacional de 3 mil 645 víctimas (cerca del 15%). En estados como Zacatecas la diferencia alcanza el 77%, evidenciando una desconexión total entre las procuradurías y la realidad médico-forense.
En materia de género, se reportaron oficialmente 317 feminicidios (-11%). No obstante, al contrastar estos datos con registros periodísticos como la «Galería del Horror» de Causa en Común —que documenta asesinatos de mujeres con crueldad extrema, violencia sexual y mutilaciones—, se descubre un subregistro sistemático en 11 estados. Un patrón idéntico se observa en trata de personas y extorsión, donde los registros oficiales palidecen frente a la realidad social y el terror que viven las víctimas.
El informe denuncia tres tácticas recurrentes en la comunicación oficial para manipular la percepción pública: comparaciones temporales mañosas (tomando picos de violencia como base para presumir caídas), el uso de ejes truncados en gráficas para exagerar la pendiente descendente y el monopolio del indicador único a nivel nacional para ocultar el repunte de la violencia en entidades específicas.
