Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 17 de septiembre del 2026.- Mientras diversos sectores sociales enfrentan crisis de seguridad, carencias en salud y presupuestos limitados en universidades públicas, los gobiernos federal, estatales y municipales del país destinaron un monto conjunto de al menos 317 millones de pesos para conmemorar el 215 aniversario del Grito de Independencia. Lejos de la austeridad pregonada en el discurso oficial, la parafernalia patria priorizó contratos millonarios con artistas de renombre, espectáculos de pirotecnia, drones y banquetes, conviviendo en paralelo con la opacidad y la reserva de información pública.
De acuerdo con solicitudes de información documentadas por la revista Proceso, la danza de recursos públicos en las fiestas de septiembre involucró a administraciones de distintas fuerzas políticas —incluyendo Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, superando en varios estados los presupuestos anuales asignados a la educación superior, la atención a víctimas de la violencia y la búsqueda de personas desaparecidas.
Para documentar el destino de los recursos, el ejercicio periodístico abarcó el análisis en todo el país bajo los siguientes rubros:
- 32 entidades federativas requeridas: Se enviaron solicitudes de información y se revisaron procesos de licitación y adjudicaciones directas en los 32 estados de la República Mexicana.
- 23 estados con montos y contratos identificados: En 23 entidades fue posible documentar gastos específicos que sumaron, en conjunto con demarcaciones capitalinas, cerca de 317 millones de pesos.
- 11 alcaldías de la Ciudad de México: Se documentaron los casos específicos de las demarcaciones capitalinas, las cuales reportaron un gasto acumulado de aproximadamente 76.4 millones de pesos en festejos.
- 8 estados con opacidad o negativas totales: Gobiernos estatales que negaron haber realizado gastos o negaron la información mediante respuestas de inexistencia.
- 1 festejo federal clasificado: El evento principal encabezado por la Presidencia de la República en el Zócalo de la Ciudad de México, cuyos costos fueron clasificados como reservados por motivos de seguridad nacional.
A nivel federal, la celebración encabezada en el Zócalo de la Ciudad de México por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantuvo bajo estricto sigilo. El comité de transparencia de la Oficina de la Presidencia clasificó como información reservada los costos de los contratos, honorarios de agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, así como los gastos de montaje y sonorización.
Bajo el argumento de «seguridad nacional», la dependencia federal sostuvo que transparentar dichos montos expondría a la titular del Ejecutivo y a su entorno a un riesgo real de atentados, argumentando que los datos técnicos de los eventos podrían ser aprovechados por agentes externos.
A esta opacidad se sumaron entidades como Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Chiapas, Estado de México y San Luis Potosí, las cuales negaron tener registros contables o haber erogado recursos, a pesar de haber realizado conciertos masivos con artistas de talla internacional.
En las entidades federativas donde sí se transparentaron cifras, la disparidad entre el gasto festivo y las necesidades sociales generó contrastes severos. El caso con el registro más alto fue el del gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, que erogó 68.1 millones de pesos en un contrato de «Servicio Integral» con la empresa Expresión Fractal para presentar a artistas como Jorge Medina y Josi Cuen. Dicho monto supera el presupuesto anual de ocho universidades públicas locales, como las Tecnológicas de la Tarahumara, Parral, Paquimé y la Politécnica de Chihuahua.
Otro caso crítico ocurrió en Sinaloa, donde el gobierno de Rubén Rocha Moya destinó casi 17.6 millones de pesos a través del Instituto Sinaloense de Cultura para los festejos patrios —incluyendo el pago de 7.8 millones a Miguel Bosé y 2 millones a Marisela—, en un año marcado por la violencia armada entre facciones del Cártel de Sinaloa. La cifra representa el 80% del presupuesto asignado en 2025 a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
Gastó Maru Campos más del doble en el Grito de Independencia que AMLO
En Baja California, la administración de Marina del Pilar Ávila pagó cerca de nueve millones de pesos a la Banda MS, triplicando el presupuesto de la dirección encargada de erradicar la violencia contra las mujeres. Por su parte, el gobierno de Campeche, dirigido por Layda Sansores, gastó 7.7 millones de pesos en festejos, rebasando los recursos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas en un estado con decenas de reportes de desapariciones.
Otras entidades como Jalisco, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Tabasco reportaron erogaciones millonarias que oscilaron entre los 7 y los 32 millones de pesos, superando con creces los fondos destinados a la investigación científica, consejos tecnológicos o apoyos sociales.
En el ámbito de la Ciudad de México, las 11 alcaldías que transparentaron cifras reportaron un gasto acumulado de aproximadamente 76.4 millones de pesos para las ceremonias patrias. Demarcaciones como Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán e Iztapalapa destinaron sumas de entre 8 y 9 millones de pesos cada una para la contratación de agrupaciones musicales y espectáculos masivos.
El balance de los festejos patrios expone una constante en la gestión gubernamental del país: mientras los recursos públicos fluyen con holgura para la contratación de espectáculos y la celebración cívica, los rubros prioritarios de desarrollo social, procuración de justicia y educación pública continúan operando bajo restricciones presupuestales severas y crecientes barreras de opacidad institucional.
Con información de Revista Proceso.
En cuatro años Maru Campos gastó 180 mdp en la celebración del Grito
