Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de septiembre del 2026.- La falta de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno no solo genera parálisis administrativa; a ras de suelo, se traduce en un absurdo operativo que vulnera a los sectores más frágiles. La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua documentó una radiografía fiel de esta ineficiencia: comunidades enteras de familias desplazadas refugiadas en el municipio de Aldama terminaron siendo vacunadas hasta en tres ocasiones distintas debido al vacío de comunicación entre las dependencias de salud y asistencia social de la federación y el estado.
Lejos de tratarse de una anécdota menor, este episodio de la «triple vacunación» evidencia cómo las brigadas gubernamentales acudían una y otra vez a los mismos sitios —carentes de un padrón confiable o de bitácoras compartidas—, derrochando recursos públicos, duplicando esfuerzos por ocurrencia y exhibiendo una profunda desconexión con la realidad de las familias que huyen de la violencia en la sierra.
Ante este panorama de descontrol operativo, organizaciones de la sociedad civil y colectivos que acompañan a las víctimas lanzaron un llamado urgente y directo a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para exigir una coordinación interinstitucional real y efectiva frente a la crisis del desplazamiento forzado interno en la entidad.
El reclamo surge en el marco de la visita presidencial a Ciudad Juárez con motivo de su informe de gobierno, donde los colectivos recordaron que el problema ya ha sido puesto sobre la mesa en mesas de trabajo previas:
- Reunión del 29 de mayo: Sostenida con la Comisión Estatal de Atención al Desplazamiento Forzado del Estado de Chihuahua, encabezada por la Dra. Sahara Cárdenas Fernández.
- Reunión del 12 de agosto: Celebrada con la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, encabezada por el Mtro. Arturo Medina Padilla.
La demanda central de la Misión Civil es la elaboración e implementación inmediata del Plan Chihuahua, concebido como un esquema integral de atención que articule mesas interinstitucionales de trabajo con la participación directa del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, los municipios y los colectivos civiles.
Los firmantes advierten que la estrategia debe contemplar tanto a los municipios expulsores de origen —como Guadalupe y Calvo, Moris y Uruachi— como a las demarcaciones receptoras que hoy fungen como refugio temporal o permanente, entre ellas Hidalgo del Parral, Delicias, Cuauhtémoc, Aldama y la capital del estado.
Para los organismos civiles, la descoordinación gubernamental está perjudicando gravemente a niñas y niños, quienes resienten las peores consecuencias de la burocracia fragmentada. Casos como el de Aldama demuestran que, a falta de un padrón único y un mando unificado, la ayuda humanitaria se dispersa de manera errática, ineficiente y, en ocasiones, revictimizante.
La Misión Civil de Observación emplazó a los poderes Ejecutivo federal y estatal a incluir de manera prioritaria la emergencia del desplazamiento forzado en su agenda de colaboración, advirtiendo que la crisis humanitaria en Chihuahua exige dejar atrás los discursos de buena voluntad y pasar al pragmatismo de la corresponsabilidad institucional.
