Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 21 de septiembre de 2026.- Ante la controversia generada por el operativo realizado en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró este lunes que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) transparentar los detalles y la legalidad en torno a la incautación de 59 millones de litros de hidrocarburo.
El posicionamiento del Ejecutivo federal surge luego de que la empresa operadora del complejo de almacenamiento —identificada como Gas Natural del Noroeste— defendiera la licitud de sus actividades, argumentando que presta servicios a firmas comercializadoras de combustibles y que cuenta con permisos vigentes para almacenar hasta 100 millones de litros.
Interrogada durante su conferencia matutina en Palacio Nacional sobre el estatus jurídico de la operación, Sheinbaum Pardo defendió la secrecía desde el Ejecutivo bajo el argumento de la separación de poderes y las competencias legales del órgano procurador de justicia.
“Lo tiene que informar la Fiscalía. Dicen que muy seguido digo yo que lo tiene que informar la Fiscalía, es que así es; si lo estuviera informando yo, dirían que no hay autonomía de la FGR”, planteó la mandataria.
No obstante, la jefa del Ejecutivo federal confirmó que el aseguramiento del complejo se llevó a cabo mediante una acción coordinada por la delegación de la FGR en el estado de Guanajuato, en la que también participó la Secretaría de Seguridad y Paz.
El caso pone bajo la lupa la delgada línea entre la regulación energética y las acciones de combate al mercado ilícito de combustibles. Mientras las corporaciones de seguridad y procuración de justicia sostienen el operativo bajo la presunción de irregularidades, la empresa involucrada ha emplazado a las autoridades a clarificar las bases legales del aseguramiento, recordando que el sitio opera bajo esquemas normativos que amparan volúmenes masivos de almacenamiento en la región.
Hasta el cierre de esta edición, la delegación federal de la FGR no ha emitido un desglose técnico que esclarezca si el volumen asegurado corresponde en su totalidad a una red de contrabando y acopio ilegal, o si se trató de una afectación a operaciones amparadas por la legislación energética vigente.
