Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre del 2026.- Durante los posicionamientos en el Congreso del Estado, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, subió a tribuna para señalar con dureza los vicios y deficiencias de la reforma electoral impulsada por el bloque oficialista, misma que recibió un revés histórico por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Argüelles Díaz recriminó que la bancada del PAN recurra a la «especialidad de la casa» al repetir los discursos y desvaríos de la gobernadora María Eugenia Campos, buscando engañar a la ciudadanía mediante la construcción de narrativas basadas en el miedo y la distorsión de los hechos.
La legisladora recordó que su partido votó en contra de una reforma que desde su origen representaba un retroceso claro en los derechos político-electorales, afectando la elección directa de regidurías, los principios de paridad y las acciones afirmativas para sectores históricamente marginados.
«¿Por qué no hablan de que la Corte vino a corregirles la plana?», cuestionó de manera directa al referirse a la simulación en las cuotas —como la cuota conjunta del 2 por ciento para grupos vulnerables— que no garantizaban una representación sustantiva. Asimismo, subrayó que Morena advirtió puntualmente que el Congreso local carecía de facultades para limitar la interpretación de los tribunales electorales, algo que finalmente tuvo que enmendar el máximo tribunal del país.
Frente a los intentos del blanquiazul por politizar el fallo y vincular los recursos legales con supuestos pactos con la delincuencia de cara a los comicios del 2027, la diputada fue tajante:
«Desde Morena no hay pacto. Hay compromiso y responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum por un México sin crimen», sentenció, añadiendo que existen investigaciones y detenciones en curso sin importar colores partidistas, por lo que exigió dejar de usar la seguridad como botín político.
Argüelles Díaz concluyó exigiendo garantías de certeza, legalidad y legitimidad, advirtiendo que los legisladores del régimen deben dejar de privilegiar leyes hechas a la medida de sus intereses partidistas: «La ciudadanía ya no acepta excusas, ni retrasos calculados, ni maniobras para seguir protegiendo sus privilegios».
