Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de octubre del 2026.- La controvertida designación de Gilberto Loya Chávez al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un nuevo frente de confrontación en el Congreso Local. La bancada de Morena, por conducto de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, formalizó una exigencia de transparencia y rendición de cuentas dirigida al encargado del despacho, emplazándolo a justificar su perfil y a presentar una estrategia concreta para destrabar el rezago en las investigaciones penales en la entidad.
A través de un cuestionario de diez puntos, la legisladora cuestionó la idoneidad y legalidad del nombramiento realizado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, poniendo bajo la lupa el desempeño previo de Loya Chávez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
El posicionamiento de la legisladora ataca directamente los pilares del discurso oficial sobre la seguridad en Chihuahua. Pérez Reyes solicitó información documental y verificable que acredite las credenciales académicas y el cumplimiento de los requisitos legales de Loya para ocupar la FGE, un organismo que exige un perfil eminentemente jurídico para el cumplimiento del debido proceso.
Entre los puntos más incisivos del pliego entregado se encuentran:
Efectividad penal vs. Centinela: Exigió transparentar las aportaciones reales del multimillonario sistema de videovigilancia Centinela en la integración de carpetas de investigación que hayan derivado en acusaciones sólidas y sentencias condenatorias ante los tribunales, y no solo en propaganda gubernamental.
Detenciones ilegales: Pidió un informe detallado sobre el número de detenciones realizadas durante la gestión de Loya en la SSPE que posteriormente fueron declaradas ilegales por jueces de control debido a fallas en la cadena de custodia o violaciones a derechos humanos.
Garantía de autonomía: Cuestionó cómo garantizará la imparcialidad de las investigaciones bajo un esquema de subordinación política, y si tiene intenciones de competir formalmente por la titularidad de la FGE por un periodo de ocho años bajo evaluación pública.
Para sustentar la urgencia de la evaluación, la diputada contrapuso la narrative institucional con los indicadores oficiales de violencia. Detalló que Chihuahua se mantiene como uno de los focos rojos a nivel nacional en homicidios dolosos, habiendo ocupado el segundo lugar en 2025 y ubicándose en el tercer lugar nacional entre enero y agosto de 2026.
Ante este escenario, se fijó un plazo de 90 días para que el funcionario presente compromisos métricos y resultados tangibles para abatir el rezago procesal que aqueja a miles de carpetas de investigación paralizadas.
«Usted no tiene que convencernos de que la gobernadora confía en usted; tiene que demostrar por qué las víctimas pueden confiar en su capacidad para conducir investigaciones legales, objetivas y eficaces. Las víctimas no tienen una justicia provisional ni pueden poner su dolor en pausa», sentenció Pérez Reyes.
El emplazamiento de la bancada guinda pone de relieve las deficiencias estructurales del modelo de procuración de justicia en el estado:
Perfil policial vs. Perfil persecutor: La transición de un mando de seguridad pública (policial) a la conducción de la investigación ministerial (fiscalía) genera fundadas dudas procesales sobre la estricta observancia de las garantías del debido proceso y la constitucionalidad de las pruebas aportadas ante los jueces.
La ilusión tecnológica: La crítica apunta al corazón de la política de seguridad del Ejecutivo Estatal, señalando que la inversión en infraestructura y tecnología no se ha traducido automáticamente en la disminución del delito ni en la reducción de los índices de impunidad que fracturan el tejido social.
Control político vs. Rendición de cuentas: Al exigir respuestas por escrito y la comparecencia sobre compromisos medibles, la oposición busca evitar que la Fiscalía se convierta en una oficina de trámite o en un instrumento de control político rumbo al proceso electoral, exigiendo que la autonomía constitucional del órgano se demuestre con hechos procesales.
