Por: La Redacción.
Hidalgo del Parral, Chih., a 28 de octubre del 2026.- Una nueva sacudida política cimbró la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el sur del estado. La síndica municipal de Parral, Dalila Villalobos —quien sumaba casi 24 años de militancia—, y el regidor Vicencio Chávez hicieron pública su renuncia irrevocable al tricolor, denunciando una absoluta falta de respaldo político ante las inconsistencias y presuntas irregularidades detectadas en el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Salvador Calderón.
La dimisión masiva de ambos ediles deja al descubierto no solo el quiebre de la representación priista en el Cabildo de Parral, sino también una profunda crisis de identidad dentro del partido a nivel local y estatal.
De acuerdo con el posicionamiento conjunto, la gota que derramó el vaso fue la omisión sistemática del partido ante el trabajo de vigilancia financiera y administrativa. Villalobos enfatizó que, a lo largo de sus ocho informes de Sindicatura, ha expuesto múltiples observaciones sobre el manejo de recursos públicos y anomalías en procedimientos de la actual administración municipal; sin embargo, sus denuncias no recibieron el acompañamiento de las dirigencias ni se tradujeron en acciones políticas de exigencia.
Asimismo, la síndica fue contundente al cuestionar la pérdida de independencia ideológica del tricolor frente a otros bloques en la entidad:
«Por coherencia a mis convicciones decido renunciar… Es un partido que ha decidido estar subordinado a las decisiones de otra fuerza política. Es un partido que se ha olvidado de las bases. Es un partido que no defiende las causas sociales mientras no haya intereses electorales de por medio», aseveró Villalobos durante la confirmación de su salida.
La renuncia de la síndica y el regidor en Parral exhibe el desgaste estructural del PRI en Chihuahua, donde las dinámicas de alianza regional han terminado por neutralizar su papel tradicional como contrapeso o fiscalizador en los municipios.
Al anteponer la disciplina de pacto o la convivencia con fuerzas aliadas por encima del respaldo a sus propios perfiles técnicos —en este caso, una Sindicatura constitucionalmente facultada para revisar el uso del erario—, las dirigencias tricolores envían un mensaje de sumisión política que erosiona aún más la confianza de sus bases.
Este episodio no solo debilita operativamente al PRI en la región sur de cara a los próximos procesos electorales, sino que deja en la indefensión a la agenda de rendición de cuentas, evidenciando cómo la política de cuotas e intereses de cúpula suele terminar sofocando los ejercicios de auditoría y la transparencia municipal.
