Por: Estela Melka Ben-Ami.
Puerto Principe, Haiti., a 29 de octubre del 2026.- El secuestro de cuatro efectivos salvadoreños por pandillas en Puerto Príncipe desata una escalada militar de San Salvador en el Caribe, exponiendo las profundas diferencias entre las maras centroamericanas y las milicias fuertemente armadas que controlan Haití.
La narrativa de eficiencia militar y control absoluto que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha exportado al mundo enfrenta su primer gran callejón sin salida en suelo extranjero. Tras la emboscada y secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, al norte de la capital haitiana, la respuesta del mandatario ha sido la misma que en su país: un ultimátum beligerante y el despliegue inmediato de cientos de efectivos de fuerzas especiales.
Sin embargo, a más de diez días del incidente, la incertidumbre, la falta de resultados de rescate y la aparición de restos humanos no identificados amenazan con convertirse en un atolladero diplomático y militar para El Salvador.
El 18 de octubre, cuatro especialistas en aviación pertenecientes al contingente salvadoreño de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron emboscados en una zona bajo el control de la pandilla Chen Mechan y la poderosa red 400 Mawozo. Pese a los intentos de rescate aéreo y terrestre de contingentes internacionales, la densidad del fuego enemigo impidió la extracción.
La tensión escaló cuando medios internacionales reportaron el hallazgo de cuerpos calcinados en la zona. Bukele rechazó tajantemente que se tratara de sus tropas —calificando los peritajes preliminares como erróneos—, mientras que la GSF mantuvo una postura mesurada, precisando que solo pruebas forenses oficiales podrán determinar la identidad de los restos. Paralelamente, líderes criminales locales como «Lanmò San Jou» difundieron videos asegurando que los militares fallecieron en el enfrentamiento, un extremo no verificado oficialmente.
El contingente salvadoreño —Fuerza de Tarea Libertad II— ingresó a Haití entre enero y febrero de 2025 para brindar apoyo logístico, aviación y evacuaciones médicas dentro de la GSF, un cuerpo multinacional respaldado por la ONU para sustituir a la fallida misión liderada por Kenia. Paradójicamente, la misión —integrada por apenas 2,000 efectivos de un objetivo inicial de 5,500— opera con graves limitaciones presupuestales y operativas en un país donde las pandillas controlan más del 80% de la capital.
El incidente ocurre en medio del colapso institucional haitiano, agravado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Las bandas criminales, unificadas bajo la gigantesca coalición Viv Ansanm, han utilizado el secuestro y las masacres comunitarias como mecanismos de presión política ante la cercanía de las elecciones generales programadas para diciembre, cuya viabilidad es sumamente incierta.
Fiel a su estilo, Bukele advirtió a las pandillas haitianas: «Ya acabamos con las pandillas en El Salvador, y también podemos acabar con ustedes». Informes de inteligencia y reportes de prensa confirman el envío de entre 100 y 450 elementos de Fuerzas Especiales salvadoreñas a Puerto Príncipe para liderar operaciones de búsqueda autónomas o semi-autónomas. No obstante, analistas internacionales cuestionan bajo qué mando legal y reglas de enfrentamiento operarán estos efectivos en territorio extranjero.
El punto más crítico señalado por expertos en seguridad radica en las abismales diferencias entre el fenómeno criminal que Bukele combatió en El Salvador y el monstruo de gobernanza que impera en Haití.
Es importante destacar que las estructuras urbanas basadas en extorsión, clicas territoriales, simbología y armamento convencional de bajo o mediano calibre, vulnerables a detenciones masivas bajo un Estado de Excepción prolongado y una infraestructura carcelaria de alta seguridad.
Verdaderas milicias fuertemente armadas con pertrechos de grado militar, control de carreteras interdepartamentales, capacidad de fuego antiaéreo, respaldo de élites políticas y económicas locales, y control territorial absoluto sobre cientos de kilómetros cuadrados en un Estado sin sistema judicial ni policía funcional.
La crisis de los soldados secuestrados en Haití pone de relieve las costuras y fisuras de la política exterior y de seguridad del gobierno salvadoreño, donde Bukele construyó su capital político internacional sobre la premisa de que su modelo de mano dura es una receta «exportable» a cualquier crisis de violencia. Sin embargo, enviar fuerzas especiales a operar en un entorno de guerra urbana asimétrica, sin inteligencia local profunda y frente a milicias con armamento pesado, expone a las tropas a riesgos desproporcionados.
Reconocer la muerte de los militares significaría para San Salvador admitir el fracaso de su ultimátum y la ineficacia de su despliegue militar inmediato. La reacción de desacreditar los hallazgos forenses evidencia cómo la gestión de crisis de la administración salvadoreña prioriza la contención de daños mediáticos por encima del rigor institucional y diplomático que exige una misión avalada por organismos internacionales.
