Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 3 de octubre del 2026.- Ante los recurrentes llamados de legisladores y actores políticos para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda penalmente contra la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sentenció que ni la Presidencia ni el Poder Legislativo tienen facultades para solicitar dicha intervención sin sustento probatorio ni auditorías previas.
Durante su conferencia matutina de este 3 de noviembre de 2026, la mandataria federal subrayó que la instancia competente para indagar las presuntas anomalías financieras al interior del órgano electoral es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual deberá determinar si los hallazgos configuran un presunto delito.
«Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal se presenta a la fiscalía. Si hay una denuncia la fiscalía tiene que investigar», aseveró la titular del Ejecutivo federal.
A pesar de confirmar que diversas áreas del INE se vieron envueltas en irregularidades —particularmente tras ventilarse que un reducido grupo de empresas logró monopolizar los contratos de proveeduría del organismo autónomo—, Sheinbaum descartó que esta crisis administrativa ponga en riesgo la estabilidad de los comicios intermedios de 2027.
La mandataria insistió en que el objetivo institucional debe ser la consolidación de un «INE fuerte» que responda a la ciudadanía y no a intereses cupulares. (“Queremos un INE fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia, no a la de las élites y de este grupo que se empoderó”, apuntó).
En un plano de análisis sobre la conformación del árbitro electoral, Sheinbaum Pardo recordó que el nombramiento de Guadalupe Taddei en 2023 no provino de una imposición directa de Morena, sino de un proceso de insaculación (tómbola) respaldado de manera transversal por prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Asimismo, la presidenta aprovechó para lanzar críticas contra sectores de intelectuales y opositores que, a su juicio, han intentado capitalizar políticamente el conflicto interno del INE para minar la gobernabilidad del actual gobierno, descalificándolos como figuras cooptadas por administraciones pasadas que hoy operan como meros opinadores.
La postura fijada desde Palacio Nacional marca una línea divisoria entre el control político y la fiscalización técnica, trasladando toda la carga probatoria y de investigación a la Auditoría Superior de la Federación.
Si bien la exigencia de agotar los cauces legales y técnicos (a través de la ASF antes de judicializar expedientes) previene el uso faccioso de la procuración de justicia, el caso deja al descubierto la urgencia de transparentar los esquemas de adjudicación en los órganos autónomos. El reto institucional no radica únicamente en garantizar elecciones limpias en 2027, sino en demostrar que los presuntos monopolios de contratos en el INE recibirán sanciones ejemplares mediante procesos de fiscalización sólidos e imparciales.
