Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 3 de noviembre del 2026.- Mientras las cifras oficiales destacan una reducción del 31.3% en los homicidios dolosos entre 2025 y 2026, el delito de la extorsión se mantiene en niveles históricamente altos y opera con una dinámica propia e independiente de la violencia letal. El informe Comportamiento de la extorsión por regiones económicas (2015-2026), publicado este 2 de noviembre de 2026 por el centro de investigación México Evalúa advierte que la extorsión continua siendo el “talón de Aquiles” en materia de seguridad.
El estudio —integrado en su serie de monitoreo de violencia De la violencia a la pacificación— expone que la tasa nacional de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes se ubicó en 6.4 durante el periodo de enero a septiembre de 2026, lo que representa un repunte del 65% frente a las 3.9 víctimas registradas en los mismos meses de 2015. Este fenómeno expone fallas estructurales severas en la política criminal del Estado y amenaza directamente la competitividad económica de México.
El análisis económico-delictivo detalla que la coerción y la extracción de rentas no se distribuyen al azar, sino que golpean con fuerza los enclaves logísticos e industriales más importantes del país entre los cuales se encuentran regiones del Centro Metropolitano (tasa de 18.11 víctimas por cada 100 mil habitantes), el Norte Industrial y Minero (7.72) y el Bajío–Occidente (7.47) aglutinan de forma conjunta el 85% de las víctimas nacionales, a pesar de concentrar al 69% de la población.
A pesar de que las ocho entidades consideradas prioritarias en 2025 por la Estrategia Nacional contra la Extorsión (ENCE) redujeron sus víctimas en un 13% entre 2025 y 2026, en el resto de las entidades federativas el delito aumentó un 30%.
Seis de los nueve estados con las tasas de extorsión más elevadas del país —Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco— no forman parte del listado prioritario de la ENCE.
A nivel local, el impacto de la extorsión adquiere un comportamiento quirúrgico. Durante los primeros nueve meses de 2026, 729 municipios reportaron al menos un caso de este delito, pero únicamente 42 demarcaciones concentran el 50% de las víctimas del país.
El documento señala que la intensidad delictiva es notablemente mayor en municipios periféricos y corredores industriales específicos —como el eje Irapuato–Salamanca–Celaya o la zona oriente de Morelos— por encima de las capitales y ciudades principales de los estados.
Para México Evalúa, la extorsión constituye ante todo un grave problema económico que erosiona el tejido empresarial. El delito castiga primordialmente al comercio y a las pequeñas y medianas empresas (PyMES), cuyos costos de operación adicionales terminan trasladándose al consumidor final.
En un contexto nacional marcado por la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring) y la inminente revisión del T-MEC, el combate frontal a la extorsión en los corredores logísticos se convierte en una condición indispensable de política económica y competitividad.
“Esta divergencia muestra que los delitos de coerción y extracción de rentas se comportan de modo independiente a la violencia letal […] Enfrentar la extorsión exige diferenciar entre sus distintas modalidades y superar esquemas de atención centralizados que no integran a las autoridades municipales”, advierte el informe.
El análisis subraya que la dimensión real del problema se enfrenta a barreras metodológicas persistentes: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI calcula un subregistro alarmante del 97.5%, al que se añade la heterogeneidad y opacidad en los registros de las fiscalías locales.
