Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre del 2026.- Las recientes restricciones impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la Modalidad 40 detonaron una nueva confrontación política y jurídica en el estado. A través de un punto de acuerdo presentado ante el Congreso de Chihuahua, el diputado panista Ismael Pérez Pavía exigió al organismo federal dar marcha atrás a las nuevas disposiciones administrativas, al advertir que contravienen los derechos adquiridos por los trabajadores en la Ley del Seguro Social.
La Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio) representa el mecanismo legal mediante el cual las personas que cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973 —y que han dejado de tener un patrón formal— pueden realizar sus propias aportaciones para elevar su promedio salarial hasta el tope de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y así aspirar a una pensión digna.
La postura esgrimida por la bancada de Acción Nacional sostiene que el Consejo Técnico del IMSS excedió sus facultades operativas al aplicar recortes y criterios restrictivos desde el pasado 1 de agosto de 2026. Según el legislador, un órgano administrativo no posee la atribución jurídica para alterar o limitar un derecho consagrado en una ley emanada del Congreso de la Unión.
El exhorto aprobado busca forzar la transparencia del instituto en tres ejes centrales:
Restablecimiento de derechos: Garantizar el registro en la Modalidad 40 con el último salario registrado o uno superior, conforme a los parámetros vigentes de la ley.
Apertura de información y estadística local: Requerir al IMSS el número exacto de asegurados en Chihuahua bajo este esquema y el total de solicitudes rechazadas a partir de agosto de 2026.
Sustento de presuntos fraudes: Transparentar las denuncias, montos y expedientes que el Gobierno Federal ha utilizado públicamente como justificación para endurecer los filtros de acceso.
| Eje del Reclamo | Postura de la Bancada (PAN) | Impacto / Reto Operativo |
| Vía Legislativa | Exhorto para revertir acuerdos del Consejo Técnico del IMSS. | El IMSS es un organismo federal; los exhortos locales no son vinculantes. |
| Vía Jurídica | Estrategia de amparos colectivos/individuales para afectados. | Requiere probar agravio personal e idoneidad de requisitos (Ley 73). |
| Fiscalización | Exigencia de transparentar denuncias por fraude en la Modalidad 40. | Medir la dimensión real del problema frente a la narrativa del Ejecutivo Federal. |
A la par de la gestión parlamentaria, la oposición alió su discurso político con una estrategia de defensa legal en la entidad. El Poder Legislativo habilitó módulos de recepción en el piso 9 de la sede del Congreso y en las casas de enlace del PAN para orientar a ciudadanos interesados en promover juicios de amparo contra las negativas del Seguro Social.
Para acceder al acompañamiento jurídico, los aspirantes deben comprobar pertenecer al Régimen de 1973, contar con al menos 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años previos a su baja y no mantener una relación laboral subordinada.
El debate en torno a la Modalidad 40 pone al descubierto tensiones estructurales del sistema de pensiones en México:
La sostenibilidad financiera del IMSS: El endurecimiento de los controles por parte del Gobierno Federal responde a la pesada carga financiera que representa el Régimen de 1973. No obstante, al intentar contener el gasto mediante circulares internas y no a través de una reforma legal debatida en el Congreso de la Unión, la autoridad federal vulnera el principio de certeza jurídica de los cotizantes.
Capitalización legislativa local: Si bien la oferta de amparos representa una herramienta concreta de defensa ciudadana, la vía del exhorto desde el Congreso estatal posee un alcance principalmente mediático, toda vez que las facultades de regulación sobre el IMSS recaen de manera exclusiva en el ámbito federal.
La controversia por las pensiones coloca nuevamente a la delegación del IMSS en Chihuahua bajo la lupa pública, en una coyuntura donde el derecho a un retiro digno enfrenta la opacidad administrativa y la politización del bienestar social.
