Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de noviembre del 2026.- Con 14 votos en contra del PAN, PRI y MC, el Congreso desechó la propuesta para fiscalizar la recaudación extraordinaria del Impuesto Sobre Nómina; la bancada panista prefirió el silencio en tribuna antes que transparentar las obras prometidas al sector empresarial.
En una votación que revivió la tensión entre la fiscalización presupuestal y la disciplina del bloque del PRIAN y sus aliados en el Congreso del Estado de Chihuahua, desecharon la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Brenda Ríos Prieto, la cual exigía al Gobierno del Estado un informe pormenorizado sobre el destino del incremento del 3 al 4 por ciento en el Impuesto Sobre Nóminas (ISN).
El rechazo, consumado con 14 votos en contra frente a 11 a favor, evitó que la Secretaría de Hacienda estatal rinda cuentas sobre el impacto real de un alza fiscal que representó un incremento directo del 33% en la tasa contributiva que absorbe el sector empresarial chihuahuense.
Es importante destacar que el rasgo distintivo de la sesión fue el vacío discursivo del bloque panista: ningún legislador de Acción Nacional subió a tribuna para argumentar el sentido de su voto en contra.
El punto de acuerdo buscaba auditar no solo la masa crítica del dinero recaudado, sino la ejecución física y financiera de las obras prometidas al empresariado local en marzo de 2026. En esa fecha, las autoridades de Hacienda Estatal presentaron ante ejecutivos de la industria manufacturera de exportación (INDEX) un portafolio de proyectos estratégicos —incluyendo pasos a desnivel, adecuaciones viales, la remodelación de la Deportiva Pistolas Meneses, el Teatro de los Héroes y una planta tratadora de aguas residuales— supuestamente financiados con la sobretasa del ISN.
Sin embargo, la iniciativa ponía el dedo en una brecha financiera no aclarada: la superposición de fuentes de financiamiento entre los recursos extraordinarios del ISN y el crédito por 3 mil millones de pesos contratado por la administración estatal encabezada por la panista María Eugenia Campos Galván.
Históricamente afín a las causas del sector productivo, la bancada del PAN incurre en una severa contradicción al negar al empresariado que genera empleo e inversión la certidumbre sobre cómo se administra su esfuerzo tributario adicional. El silencio en tribuna evidencia la falta de argumentos para justificar por qué la opacidad debe prevalecer sobre la rendición de cuentas en materia de impuestos locales.
Al no transparentar la brecha entre la recaudación del ISN y el ejercicio del megacrédito de 3 mil millones de pesos, el Gobierno del Estado deja abierta la sospecha de que los recursos con etiqueta de infraestructura pudieran estar utilizándose para cubrir gasto corriente o boquetes operativos de la tesorería estatal.
El Congreso local vuelve a actuar como un dique de contención para proteger al Ejecutivo antes que como un contrapeso democrático. Aprobar alzas de impuestos y endeudamiento sin ejercer el control posterior de gasto invalida la función primordial del Poder Legislativo.
El carpetazo a la propuesta de Brenda Ríos Prieto deja un saldo de desconfianza en la relación con las cámaras empresariales, en un momento donde la transparencia en la obra pública es la única garantía contra el uso discrecional de las finanzas estatales.
