Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Albuquerque, Nuevo México., a 7 de noviembre del 2026.- La Fiscalía Federal del Distrito de Nuevo México dio a conocer las cifras de imputaciones penales en el último periodo de cuatro semanas; la creación de una «Zona de Defensa Nacional» y el aumento de cargos por reingreso ilegal marcan el endurecimiento de las políticas del Departamento de Justicia de los Estado Unidos.
En el marco de la estrategia nacional denominada Operación Recuperar Estados Unidos, la Fiscalía Federal para el Distrito de Nuevo México hizo público su informe mensual de persecución penal en la frontera con México. Durante el periodo de cuatro semanas concluido el pasado 30 de octubre de 2026, la dependencia federal radicó cientos de cargos penales contra personas migrantes en coordinación con el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El desglose oficial contabiliza 249 acusaciones por reingreso ilegal tras deportación, 27 por tráfico de personas y 139 por entrada ilegal. A estas cifras se suman 285 imputaciones adicionales que combinan la entrada ilegal con violaciones a la seguridad en terrenos militares, derivadas de la reciente activación de la «Zona de Defensa Nacional» a lo largo de los 290 kilómetros de franja fronteriza que comparte Nuevo México con el estado de Chihuahua.
El reporte de la fiscalía estadounidense enfatiza que una porción considerable de los imputados por reingreso ilegal contaba con antecedentes penales por delitos graves en territorio estadounidense —que van desde agresión con armas mortales y violencia doméstica hasta tráfico de estupefacientes y abuso infantil—. Sin embargo, el rasgo distintivo de la reciente estrategia estriba en la tipificación penal de las transgresiones en áreas castrenses.
Las autoridades aclararon que estas estadísticas corresponden únicamente a los juicios penales tramitados por los fiscales federales adjuntos en Albuquerque y Las Cruces, excluyendo a los cientos de extranjeros sometidos exclusivamente a procesos administrativos de remoción o repatriación.
El reporte emitido por las autoridades judiciales de los Estados Unidos refleja un giro de fondo en el tratamiento del flujo migratorio que impacta de manera directa a la región fronteriza entre Nuevo México y Ciudad Juárez en donde la creación de la denominada «Zona de Defensa Nacional» y la aplicación masiva de artículos del código militar consolidan el cambio de un enfoque de gestión de flujos migratorios a uno de contención de carácter castrense por lo que esta estrategia convierte automáticamente el cruce indocumentado en un delito federal contra la seguridad del Estado, elevando el costo punitivo para las personas migrantes.
El comunicado de la Fiscalía prioriza el listado de antecedentes penales graves para justificar el despliegue del operativo. Sin embargo, al entrelazar públicamente a personas con historiales delictivos violentos junto con quienes cometen simples infracciones administrativas de cruce indocumentado por primera vez, el Departamento de Justicia refuerza la criminalización generalizada del fenómeno migratorio.
El incremento en la persecución penal en Nuevo México y la celeridad en la radicación de cargos federales incrementa la presión en las ciudades fronterizas mexicanas, particularmente en Ciudad Juárez. Al endurecer las condenas y las deportaciones exprés por la vía judicial, miles de personas quedan retenidas o en limbo de repatriación en territorio chihuahuense, saturando la capacidad de los albergues locales y la atención de servicios de salud en la frontera.
El informe confirma que la frontera entre Nuevo México y Chihuahua se mantiene como uno de los epicentros de la política punitiva del gobierno estadounidense, donde el aumento de cargos penales coexiste con una creciente militarización del territorio fronterizo.
