Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de noviembre del 2026.- Tras un recorrido por las zonas de alta conflictividad en la Sierra Tarahumara principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Baborigame e Hidalgo del Parral—, la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea concluyó el Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo.
La misión, acompañada por la eurodiputada Diana Riba i Giner (Grupo Verdes/ALE), presentó un diagnóstico crítico sobre el deterioro de la seguridad pública, la criminalización del activismo y la crisis de movilidad humana que azota al estado de Chihuahua y al sur del país.
El informe final de la delegación —que sostuvo reuniones operativas con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Secretaría de Gobernación y la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República a cargo de Jesús Ramírez— expone dos ejes de emergencia: la falta de una ruta política-institucional para la liberación de la defensora indígena amuzga Kenia Hernández Montalván y la consolidación de economías criminales extractivistas en el triángulo del despojo chihuahuense.
Entre el 3 y el 5 de noviembre, la delegación internacional constató lo que calificó como un «escenario de guerra» en el municipio de Guadalupe y Calvo y zonas aledañas. Las organizaciones civico-comunitarias documentaron que la tala —tanto legal como clandestina— y la minería se han convertido en los motores financieros del crimen organizado, teniendo como condición previa el desplazamiento forzado de comunidades originarias y campesinas.
De acuerdo con datos sustentados por la Misión Civil de Observación, tan solo en 2025 se contabilizaron al menos 4,492 personas desplazadas en el estado de Chihuahua, de las cuales 1,335 corresponden exclusivamente a Guadalupe y Calvo. Frente a este fenómeno, la respuesta del sistema de justicia penal evidencia una parálisis estructural: de 89 denuncias formales por desplazamiento forzado en la entidad, únicamente existen dos sentencias emitidas.
En su paso por la Ciudad de México, la misión visitó a la defensora Kenia Hernández en el Centro Penitenciario Neza Sur. A pesar de haber quedado absuelta de ocho causas federales en abril de 2026, la reapertura de un expediente promovido por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en julio mantiene su reclusión, lo que la delegación internacional tipifica como un patrón persistente de utilización del derecho penal para ahogar la protesta social.
Paralelamente, la misión denunció ante la Secretaría de Gobernación la degradación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyas medidas activas cayeron de 755 a 266 en el periodo 2024-2026, en un país donde la ONU-DH registra que casi el 90% de los asesinatos contra activistas permanecen en la impunidad total.
El pronunciamiento de la Plataforma México-UE coloca contra la pared la narrativa oficial en materia de paz y derechos humanos sobre todo en la minimización oficial del desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara en el estado, en donde la insistencia de las autoridades federales y estatales en abordar el desplazamiento forzado en Chihuahua como eventos aislados o conflictos «entre particulares» invisibiliza la causa real. La reconfiguración territorial del crimen organizado para controlar rutas madereras y concesiones mineras. Sin presupuesto específico asignado por el Congreso del Estado de Chihuahua a la Comisión de Atención al Desplazamiento, cualquier protocolo corre el riesgo de quedarse en letra muerta.
Aunque representantes de Palacio Nacional se comprometieron a llevar la agenda de Kenia Hernández a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la persistencia de litigios impulsados por dependencias federales como CAPUFE expone una contradicción: mientras la diplomacia escucha las peticiones de los organismos europeos, el aparato de procuración de justicia mantiene activas las herramientas de criminalización contra los liderazgos comunitarios.
El desmantelamiento progresivo de las medidas del Mecanismo Federal —que deja desprotegidos a colectivos completos como el Centro Fray Matías en el sur o a los defensores del bosque en la Tarahumara— demuestra que la política de protección sigue resolviéndose bajo esquemas burocráticos e individuales, ignorando los contextos de riesgo sistémico que imperan en los estados.
La visita de la delegación internacional deja una agenda de exigencias puntuales a las autoridades mexicanas: pasar de las mesas de diálogo a la asignación real de presupuesto, la liberación de activistas procesadas bajo sospecha política y la desarticulación de las redes económicas que despojan la Sierra Tarahumara.
