Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre del 2026.- Ante la visita de la Misión de Observación de la Unión Europea a la Sierra Tarahumara, la gobernadora María Eugenia Campos Galván reconoció que su administración carecía de registros confiables sobre desaparecidos y desplazados hasta hace pocos meses. Este vacío institucional se entrelaza con el choque político y la abierta confrontación con la alcaldesa morenista del municipio de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego por el control y la seguridad en la región.
La visita de organismos internacionales para evaluar la crisis humanitaria en la Sierra Tarahumara sacudió las estructuras del poder estatal tras una revelación tan insólita como alarmante. Cuestionada sobre la ausencia de partidas presupuestales específicas para atender el desplazamiento forzado —una deficiencia detectada por la Misión de Observación de la Unión Europea, Campos Galván admitió públicamente que durante años su gobierno operó sin datos precisos sobre la magnitud de la tragedia humana que hoy se ha agudizado principalmente en la región del Triángulo Dorado.
«Yo quiero comentarles que hasta hace unos meses no teníamos ningún dato, ¿verdad? No teníamos ningún dato o teníamos pocos datos de desplazados y pocos datos de desaparecidos en el Estado», confesó la mandataria estatal ante los medios de comunicación.
La declaración, lejos de presentarse como un ejercicio de autocrítica constructiva, pone al descubierto una falla estructural profunda en las áreas de seguridad, procuración de justicia y derechos humanos del estado, dejando en evidencia que la respuesta institucional ante una de las peores crisis de violencia en el territorio ha caminado a ciegas.
Mientras el discurso oficial intenta matizar con la promesa de etiquetar recursos en el próximo presupuesto estatal y destinar sumas para «aliviar el dolor», la realidad social en las comunidades serranas desborda cualquier intento burocrático.
Durante su encuentro con la prensa, la propia gobernadora aludió al caso documentado en la prensa local sobre Nancy y su segundo retorno fatal, un testimonio que describe de forma «cruel y cruda» la pesadilla del desplazamiento forzado en las comunidades indígenas de Chihuahua.
Para las organizaciones de derechos humanos, el drama de los desplazados no radica únicamente en la falta de un renglón presupuestal en las finanzas del estado, sino en la ausencia absoluta de garantías de seguridad que permitan a los pobladores retornar a sus hogares sin arriesgar la vida, un derecho básico que el Estado mexicano sigue sin poder garantizar y eso incluye al Gobierno Federal y a las fuerzas de seguridad
Ante el cuestionamiento de la prensa sobre el origen de estas fallas y el posible ocultamiento de información al interior del aparato gubernamental, la titular del Ejecutivo estatal desvió el foco hacia la arena política y lanzó un duro reclamo contra los gobiernos municipales afines a la estructura federal.
El blanco directo de los señalamientos fue Ana Laura González Ábrego, alcaldesa morenista de Guadalupe y Calvo, municipio clave en el mapa de la violencia serrana. Sin filtros, la gobernadora cuestionó la presencia y el compromiso de la edil con el territorio chihuahuense:
«Es que ella lo publica, ella se está… cada cual el estancamiento, han tenido alguna en una coordinación de comunicación que la que hace… No, no se la sabe, dicen que no, que no radica ahí. No, no viene, no escucha, no radica ahí, va y viene, es lo que quiere, se viene todo eso. Y este es un llamado exigente, es un llamado exigente al Gobierno Federal, porque esta alcaldesa, pese a estar en una jurisdicción del Estado de Chihuahua, ella nada más atiende a lo que le dice la señora Ariadna Montiel y la presidencia.»
Este encontronazo verbal destapa una crisis de gobernabilidad que lleva meses fracturando la relación entre el Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo. Del lado estatal, las secretarías generales y de Seguridad Pública han denunciado reiteradamente la negativa de la alcaldesa a firmar los convenios de colaboración para la instalación de los subcentros de la Plataforma Centinela —frenados bajo el argumento municipal de proteger el patrimonio histórico del antiguo CERESO o ante la falta de predios alternos técnicamente viables—, además de enfrentar cuestionamientos legales por presunto peculado.
En contraparte, el bloqueo mutuo entre administraciones refleja cómo las diferencias partidistas y la disputa por la lealtad política hacia operadoras federales como Ariadna Montiel Reyes terminan por dinamitar la coordinación en materia de seguridad y atención a víctimas.
La revelación de que el gobierno estatal operaba sin cifras claras sobre desaparecidos y desplazados, sumada a la abierta confrontación con los gobiernos municipales de la Sierra Tarahumara, sintetiza la gravedad de la crisis institucional que atraviesa Chihuahua.
Mientras las misiones internacionales continúan señalando las carencias estructurales y las familias desplazadas cargan con el dolor de perder su patrimonio y su tierra, las declaraciones oficiales confirman que la tragedia humanitaria ha sido rehén de la opacidad, la improvisación y la confrontación política. La deuda con la Sierra Tarahumara sigue intacta, y los datos —ahora visibles— solo confirman la magnitud del abandono.
