Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 9 de noviembre del 2026.- En un operativo conjunto de la Marina, la SSPC y el Ejército —con respaldo clave de inteligencia de la DEA— fue detenido Rafael Álvarez Ayala junto con otras 19 personas tras un enfrentamiento armado. El golpe vuelve a evidenciar la dependencia táctica de las corporaciones mexicanas hacia las agencias estadounidenses para abatir objetivos de alto impacto.
En un despliegue táctico que pone nuevamente sobre la mesa la coordinación transnacional en materia de seguridad, fuerzas federales mexicanas capturaron en Zapopan, Jalisco, a Rafael Álvarez Ayala, alias el “R2”, identificado como un mando relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presuntamente implicado en el homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR) a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, derivando en la captura de otras 19 personas tras un intercambio de disparos en el que tanto el capo como un elemento naval resultaron heridos.
De acuerdo con la información oficial emitida por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, la ubicación de Álvarez Ayala no respondió únicamente a capacidades internas de investigación, sino que fue resultado de los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) combinados de manera determinante con información compartida por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Este factor subraya una constante en los golpes de alto perfil contra el crimen organizado en México: la dependencia operativa de los insumos de inteligencia norteamericanos para rastrear y neutralizar a mandos regionales fuertemente armados.
El «R2» operaba como uno de los comandantes regionales del CJNG en Michoacán al frente de la célula conocida como «Los Rs», junto a su hermano Ramón Álvarez Ayala, alias el “R1” (detenido en julio pasado). Las actividades ilícitas de esta estructura criminal han mantenido bajo asedio a las zonas productoras del estado:
- Extorsión sistemática: Empresarios y productores de aguacate figuran entre las principales víctimas de cobro de piso y extorsiones por parte de esta célula.
- Violencia de alto impacto: Se les vincula con narcotráfico, homicidios, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y agresiones directas contra autoridades.
- Cuentas pendientes con la justicia: El «R2» contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado girada en Apatzingán, Michoacán, además de una solicitud formal de extradición por parte de un gran jurado del Distrito de Columbia en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y posesión de armas que podrían derivar en cadenas perpetuas.
La caída de Rafael Álvarez Ayala se conecta directamente con el magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y el asesinato de la joven Valeria Márquez, delitos por los cuales su hermano Ramón ya enfrenta procesos judiciales y solicitudes de extradición hacia la Unión Americana.
Este entramado criminal no solo refleja la extrema violencia operativa del CJNG en el occidente del país, sino también la profunda podredumbre institucional que ha salpicado a estructuras locales de gobierno —evidenciada en indagatorias paralelas como el caso de la secretaria de Bienestar de Uruapan, señalada por encubrimiento—.
Mientras el gabinete de seguridad federal celebra la desarticulación parcial de «Los Rs», la estructura financiera y la red de complicidades políticas que permitieron su arraigo en Michoacán continúan bajo una densa capa de impunidad, evidenciando los profundos retos que enfrenta la seguridad interior del país.
