Por Zavianny Torres Baltazar
La candidata a la gubernatura del Estado de México del PRI, Alejandra del Moral, una y otra vez repite que, en sus 20 años de trayectoria pública en esa entidad, nunca ha sido acusada de corrupción o defraudación; sin embargo, sus dichos no corresponden a la realidad.
Hace más de cinco años la candidata de la coalición que integran los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, fue demandada ante la autoridad competente por un posible fraude en complicidad con grupo de constructores mexiquenses. Se le acusa, en concreto, de simular la entrega de obras.
Documentos oficiales en el expediente del que tenemos una copia íntegra, acreditan la acusación. Demuestran que la parte acusadora acudió en tiempo y forma a las instancias del Poder Judicial mexiquense para probar que participó de un acto irregular y potencialmente fraudulento.
Como señala quien demanda a Del Moral: “el cartel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México es de aprendices, comparado con el cartel inmobiliario del Estado de México”, del que Alejandra del Moral ha sido una protagonista.
El antecedente de dicha historia inicia cuando el abogado, José Humbertus Pérez, del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna, en febrero de 2015 denunció que Alejandra del Moral, como alcalde de Cuautitlán Izcalli, aceptó simular la entrega de obra pública valuada en 115 millones de pesos que la empresa responsable no ha entregado a ese municipio.
La constructora del Urbi Hacienda Balboa, uno de los muchos fraccionamientos de Izcalli, estaba obligada por los contratos que firmó con sus clientes y los convenios y permisos firmados por las autoridades a realizar esa obra pública al servicio de más de mil familias.
A pesar de ello, Del Moral, quien contaba con la protección de Enrique Peña Nieto, primero en su condición de gobernador, de 2005 a 2009 y luego como presidente, de 2012 a 2018 aceptó una entrega simulada.
En 2009, recién estrenada como presidenta municipal (2009-2012), Del Moral simuló operaciones que beneficiaron a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi, cuyos propietarios son los hermanos Cuauhtémoc y Netzahualcóyotl Pérez Román. El 3 de diciembre de 2009, firmó el Acta de entrega-recepción del conjunto urbano de tipo medio denominado Urbi Hacienda Balboa, integrado por mil 49 viviendas.
Aunque se cumplió con las formalidades en el papel, no había obras. Esta simulación podría implicar un acto de corrupción que permitió que la empresa recuperara una fianza de manera indebida, pues no se cumplieron con las condiciones pactadas.
Humbertus Pérez, sostiene que el acta de entrega del 3 de diciembre de 2009 es ilegal y Alejandra del Moral como presidenta municipal no debió acreditar la recepción parcial del Urbi Hacienda Balboa. Dado que la empresa había incumplido previamente con dos prórrogas, la entrega debía ser total y definitiva, en virtud de que el plazo para la entrega total finalizaba el 15 de marzo de 2010.
Entre los actos simulados en el acta de entrega los más notables son la presunta entrega parcial de obras de urbanización de 26 mil 129.53 metros cuadrados; el equipamiento de una escuela preparatoria con 20 aulas; dos jardines vecinales; dos áreas deportivas y dos áreas de juegos infantiles. El acta establece un valor de las obras del orden de poco menos de 44 millones 211mil 280 pesos.
Luego de lograr los permisos, la constructora hizo un depósito equivalente al 20 por ciento del valor total de la obra, es decir ocho millones 842 mil 256 pesos. La simulación ocurrió, explica Pérez, pues aunque dicen haber entregado poco más de 26 mil metros cuadrados de obras de urbanización, en realidad lo que se entregó fueron obras de infraestructura primaria, consistentes en calles, lo que se acredita en la página 3/7 del acta del 3 de diciembre de 2009, que señala que el objetivo era lograr la devolución de la fianza, que garantizaba la entrega y ejecución de las obras.
Hasta el día de hoy no han sido entregadas esas obras de urbanización al municipio de Cuautitlán Izcalli. A pesar de ello, Del Moral autorizó la devolución de la fianza que amparaba las obras en el conjunto urbano Urbi Hacienda Balboa, a la constructora Promoción Desarrollos Urbi, a pesar de que no cumplieron ni siquiera con el mecanismo de solicitar las prórrogas que la ley concede a las empresas. Lejos de devolverles la fianza, Del Moral debió de denunciar a la constructora y dejar el caso en manos del Poder Judicial del Estado de México.
Del Moral tenía conocimiento, a detalle, del incumplimiento de la constructora para dotar de equipamiento e infraestructura urbana a esa unidad habitacional, sin embargo, autorizó la devolución de la fianza.
