La diócesis de Ciudad Juárez defiende a un sacerdote al forzar a que la niña que lo denuncia sea llevada a un albergue donde fue objeto de un nuevo abuso.
Religión y vida pública: La actuación de la diócesis de Ciudad Juárez es consistente con la de otras diócesis en las que es posible rastrear el legado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
El 17 de junio de 2022 era un viernes como cualquier otro en Ciudad Juárez. El calor que agobiaba gracias a los más de 30 grados, las noticias de los miles de migrantes varados en la frontera, la violencia de los grupos criminales y el racismo de los vecinos texanos.
Era el caos al que las familias juarenses están acostumbradas ya desde hace mucho. Menos en la casa de la familia de un profesor a quien, para proteger a las víctimas de esta historia, identificaré sólo como Javier. En su hogar, se habían presentado dos agentes de la Policía Ministerial del estado de Chihuahua.
Estaban ahí para llevarse a su hija, a quien identificaré sólo como Margarita. Se la llevaban al albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que, en ese entonces, estaba ubicado en la calle Rancho Agua Caliente, colonia Pradera Dorada, en el triángulo que forman las avenidas Ejército Nacional, la Miguel Ahumada y Rancho Malpaso.
Margarita, en ese entonces de doce años, no quería ir con las agentes, que ni siquiera se tomaron la molestia de identificarse. Simplemente dijeron a Javier “ya sabe a lo que venimos”. Cuando Margarita mostró que no quería separarse de su padre, ello fue suficiente para que una de las agentes amenazara con esposar a la niña y llevársela por la fuerza.
Javier era testigo involuntario; impávido, incapaz de oponerse a la acción de las agentes de la ministerial. Su hija era sacada a la fuerza de su hogar, porque los abogados de la diócesis de Ciudad Juárez, al servicio del obispo José Guadalupe Torres Campos, buscaban desacreditar a Javier.
Se trataba de desacreditar a Javier quien fue enterado por Margarita de la manera en que el sacerdote Istibal Valenzuela Olivas abusó de ella cuando, el 9 de septiembre de 2020, acompañó a su madre a una fiesta de cumpleaños de un vecino. En esa fiesta Istibal sentó a la niña en sus piernas y la agredió sexualmente, sin que los otros dos adultos presentes en esa reunión intervinieran.
Fue cuando Margarita regresó a casa de su padre, que le informó lo que había ocurrido en la fiesta a la que la había llevado su madre. Al enterarse, Javier presentó la denuncia que está radicada con la clave NUC-37-2020-0031066 ante la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, como se puede ver en la imagen que se presenta a continuación.
La narrativa que Margarita hace se puede leer en la siguiente imagen. Ahí se puede ver cómo, ante la autoridad, la menor da cuenta de los hechos. Abajo de la imagen que aparece a continuación se reproduce el texto completo del testimonio:
«Mi mamá y ellos estaban platicando, el padre Istibal decía que él tenía unas ovejas en su casa, yo me senté en el piso a jugar con mis muñecas, luego el padre Istibal se levantó y con sus manos me agarró de mis axilas y luego cargándome, él fue y se sentó en una silla, y me sentó en sus piernas, puso mi espalda sobre su pecho y me senté en sus brazos, luego él pasó sus dos manos por mis piernas, por la parte de enfrente, frotando las manos, yo me sentí incómoda, quise yo bajarme, pero el padre agarró fuerte de mi cintura, luego el padre alzó mi blusa poquito de abajo y me talló mi pancita con su mano y me dio un beso en la mejilla, por lo que yo me bajé de con el padre quien estaba también hablando con mi mamá y me fui para con mi mamá y le dije recio a mi mamá que me sentía incómoda porque el padre me subió a sus piernas, entonces mi mamá me dijo ‘vete para allá’, entonces me fui al piso a jugar y eso fue todo, por eso este sábado que acaba de pasar, le platiqué a mi papá lo que me hizo el padre. Ese padre tenía más edad que mi papá y usaba lentes, él estaba delgado, es todo lo que recuerdo, eso fue todo ya no le dije nada en la casa de mi mamá…»
La lógica del poder
Hasta donde es posible reconstruir el proceso, el cálculo de los abogados de la diócesis era que, alguna evidencia de abuso emergería luego del proceso de separación de los padres de la niña.
En la lógica de la autoridad en Chihuahua era necesario sacar a la niña de su hogar, llevarla a Pradera Dorada y someterla ahí a supuestos estudios que buscaban probar que alguien más, no el sacerdote Istibal Valenzuela, ejercía violencia contra Margarita. Ello le permitía a la diócesis de Ciudad Juárez desacreditar la acusación de la niña y presentar a Valenzuela como inocente.
Lo que es un hecho y no requiere de una reconstrucción que interprete qué ocurrió es que, una vez en el albergue del DIF, Margarita fue víctima de abuso sexual a manos de otra menor de edad, aunque mayor que Margarita, que también residía en ese momento en ese albergue.
Un episodio completamente innecesario en la vida de Margarita y por el que, desde luego, la diócesis de Ciudad Juárez no asume su responsabilidad.
No queda claro, desde luego, si sabían lo que habría de ocurrirle a Margarita una vez puesta, contra la voluntad de Javier y de la niña misma, ahí, indefensa, en el albergue. Sin embargo, la fama del albergue como un lugar de alto riesgo para cualquier menor era ya un secreto a voces en Ciudad Juárez.
El día siguiente a que Margarita fue llevada contra su voluntad al albergue, la prensa local daba cuenta de la manera en que un niño de 13 años había sido objeto de violencia física y sexual, además de maltrato en ese mismo albergue de Pradera Dorada.
Entre las muchas irregularidades en los albergues del DIF-Chihuahua destaca el que se tenía como personal de servicio en el área de menores a adultos que estaban en proceso de recuperarse de distintas adicciones.
Y aunque nada de eso pueda considerarse como responsabilidad directa de la diócesis de Ciudad Juárez, lo que es un hecho es que Margarita fue llevada contra la voluntad de su padre.
La Organización Popular Independiente (ver también aquí), una organización civil juarense con más de 30 años de trabajo en esa ciudad de la frontera había denunciado ante las autoridades los problemas en Pradera Dorada y en otros albergues del DIF, pero nadie quiso escucharlos.
Y no era una tendencia nueva. Ya desde mediados de la década anterior emergían reportes de la violencia que ocurría en el albergue de Pradera Dorada.
Tanto así que, el 21 de julio de 2018, cuatro menores que habían sido enviados por las autoridades a ese albergue fueron reportados como desaparecidos, sin que hasta ahora se sepa qué ocurrió con ellos.
Los abogados de la diócesis católica de Ciudad Juárez siempre podrán alegar que el albergue como tal no dependía de ellos o de sus clientes, pero ¿es creíble suponer que desconocían el riesgo que corría la niña a quien las agentes de la policía ministerial arrancaron de los brazos de su padre?
El traslado de Margarita al albergue del DIF fue resultado de las diligencias que, a nombre de la diócesis y el sacerdote Istibal Valenzuela Olivas realiza el abogado Abraham Martínez Montoya. El abogado, como suele ser en casos como este, trataba de encontrar la causa de los problemas en la propia familia de Margarita y no en su cliente.
El legado de Sandoval
La próxima semana presentaré más detalles de la manera en que la indisposición del obispo de Ciudad Juárez José Guadalupe Torres Campos a aceptar los errores que él y los sacerdotes a su cargo cometen, termina por convertirse en un problema infinitamente mayor de lo que hubiera sido si, en lugar de desacreditarlo como denunciante, el obispo hubiera aceptado desde el inicio que se ha equivocado al proteger a sacerdotes que, a pesar de los 40 años de crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica, son incapaces de actuar como corresponde.
No en balde, cuando Bishop Accountability y Spes Viva presentaron la lista de 15 obispos, dos de ellos cardenales, y una madre superiora acusados de encubrir abusos sexuales en México, aparecen dos obispos vinculados en algún momento de sus vidas con Ciudad Juárez: el antiguo obispo de Juárez, arzobispo emérito de Guadalajara y cardenal Juan Sandoval Íñiguez, así como el actual obispo Torres Campos.
Lo que es peor, como demostraré en la tercera y última entrega de esta serie, no es un problema aislado de la diócesis de Ciudad Juárez. Es una suerte de plantilla desarrollada por una figura clave para comprender la manera en que la diócesis de Ciudad Juárez y otras muchas diócesis en México funcionan.
Esta plantilla forma parte del legado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien fue obispo en la ciudad de la frontera entre 1988 y 1994, primero como obispo coadjutor impuesto ahí por el entonces delegado apostólico, Girolamo Prigione, como parte de la purga contra los «obispos revoltosos» que apoyaron las acusaciones de fraude en la elección de gobernador del estado de 1986, que llevaron a que se bloqueran los puentes que cruzaban entonces de Juárez a El Paso, Texas.
Luego, de 1992 a 1994, Sandoval fue titular de la diócesis fronteriza y, sobre todo, una vez nombrado arzobispo de la todopoderosa diócesis de Guadalajara, la que cuenta con el seminario con más alumnos en todo el continente americano, como una suerte de “figura tutelar” de la diócesis de la frontera por lo que, lejos de “soltarla” cuando fue enviado a Guadalajara, la integró en lo que ha sido una de las redes más densas de poder en el seno de la Iglesia Católica en México.
La diócesis de Ciudad Juárez es, como se podrá apreciar al final de esta serie, una suerte de paradigma, de la manera en que la jerarquía de la Iglesia Católica en México se aprovecha de la debilidad de los sistemas federal y estatales de procuración de justicia para garantizar la impunidad de los clérigos acusados de abuso sexual en sus distintas formas, así como de quienes les encubren o ayudan de otras formas a permanecer impunes.
