Los padres de familia de los normalistas acusan a AMLO de mantener una versión similar a la que fabricó Peña Nieto, sin dar algún avance sobre los jóvenes. La principal línea de investigación sigue siendo que Guerreros Unidos habría confundido a los normalistas con miembros del grupo delincuente rival conocido como Los Rojos.
Por Ignacio García
El gobierno federal publicó las más recientes investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a nueve años de los hechos, en el que reveló que al menos tres altos mandos del Ejército mexicano laboraban para “Guerreros Unidos”, responsables de las agresiones a los jóvenes.
De acuerdo con la investigación, a través de declaraciones de testigos y mensajes de texto aportados por la DEA vinculan al entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón, colaboraban con el grupo criminal.
Los mandos del Ejército recibían dinero de Guerreros Unidos y proveían armas y municiones, aunado a que facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo, por lo cual también participaban las autoridades municipales de la región.
Las principales líneas de investigación son las confusiones de Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración del grupo rival conocido como Los Rojos entre los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y Guerreros Unidos por las protestas y destrozos al palacio municipal por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
De la misma manera, se presume que el trasiego de droga y eventual presencia de la misma, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, había una elevada presencia de los grupos criminales en la zona con la cooptación de las autoridades municipales que laboraban para los mismos, situación que facilitó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los padres de familia acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de intentar mantener una versión similar a la llamada “verdad histórica” que fabricó la administración de Enrique Peña Nieto, sin darles a conocer algún avance significativo sobre el paradero real de los jóvenes.
Los documentos fueron publicados la noche del martes primero desde la cuenta de Twitter, ahora X, de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde.
