Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 27 de septiembre del 2026.- Al cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la opacidad castrense y la simulación institucional vuelven a colocarse en el centro de la exigencia de justicia. Amnistía Internacional (AI) lanzó un enérgico llamado al gobierno federal para que ordene al Ejército la entrega definitiva de toda la información reservada sobre el caso, poniendo especial énfasis en los 853 folios que las familias de los estudiantes han reclamado durante años.
El posicionamiento de la organización internacional pone al descubierto que, a más de una década de la tragedia en Iguala, el Estado mexicano continúa enfrentando obstáculos internos, destacando la resistencia castrense a transparentar archivos clave.
De acuerdo con el pronunciamiento emitido por Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de la sección mexicana de AI, la exigencia no es una concesión política, sino el cumplimiento de una orden legal. La entrega de dichos documentos fue ordenada formalmente por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al resolver el juicio de amparo 1350/2023.
La información reclamada corresponde a los archivos generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero. Esta documentación ha sido solicitada reiteradamente por las familias, organizaciones sociales y, en su momento, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Cabe recordar que al concluir su mandato en julio de 2023, el propio GIEI advirtió que la información entregada por las fuerzas armadas había sido parcial, corroborando la existencia de un volumen de datos con registros precisos sobre la detención y el traslado de los normalistas tanto la noche de los hechos como en fechas posteriores. «La transparencia tiene un peso fundamental en la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este caso paradigmático de desaparición forzada», subrayó Olivares Ferreto.
Además de la negativa castrense, Amnistía Internacional exigió que se investigue a fondo la destrucción y el borrado de los videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio Municipal de Iguala. La organización señaló directamente que dicha acción —atribuida en los señalamientos al exgobernador Ángel Aguirre Rivero y a otros dos operadores— constituye una grave alteración y desaparición de pruebas que apunta directamente hacia el encubrimiento institucional.
Frente a la lentitud crónica con la que se han desarrollado las diligencias a lo largo de más de una década, AI recordó que bajo el derecho internacional el gobierno federal tiene la obligación indeclinable de agotar todas las gestiones para esclarecer el paradero de los jóvenes y someter a los presuntos responsables ante tribunales ordinarios en juicios justos.
Finalmente, la organización hizo eco de la profunda molestia de los padres y madres de los estudiantes ante la filtración y difusión de información sin sustento o tendenciosa. Exigieron que cualquier nuevo dato o avance en la indagatoria sea comunicado primero y de manera oficial a las familias, frenando los intentos institucionales o mediáticos por desacreditar su incansable lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.
