Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 30 de mayo del 2026.- En una muestra de fuerza política frente a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora María Eugenia Campos Galván intensificó su confrontación con el gobierno federal, al que acusó de haber transmutado un sistema de complicidades tradicionales en una estructura donde el crimen organizado ejerce, de facto, la toma de decisiones estatales, citando como ejemplo el estado de Sinaloa.
Durante su intervención en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, la mandataria estatal articuló una tesis contundente: México ha dejado de ser un país donde el Estado mantiene el control ante el crimen, para convertirse en un escenario donde la narcopolítica ha subordinado a la clase gobernante, utilizando como laboratorio el estado de Sinaloa, gobernado por Morena.
Campos Galván subrayó lo que denominó la «normalización de la tragedia» que se vive en nuestro país y que entrelaza la crisis humanitaria que va desde las madres buscadoras que recorren el territorio nacional hasta el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, la extorsión en el campo y la infiltración del crimen en la administración de recursos estratégicos como el agua.
«Ya no es solo el político haciendo pactos con el crimen, es el crimen que usa al político como empleado», sentenció la mandataria, elevando la apuesta política al señalar que las victorias electorales del partido oficialista han sido, en diversos casos, el resultado directo de la coacción territorial ejecutada por los cárteles.
Para la gobernadora, el reciente conflicto entre facciones criminales en Sinaloa no fue un evento aislado, sino la demostración del colapso del contrato social. Según su análisis, la parálisis de las fuerzas de seguridad federales —Guardia Nacional y Ejército— durante los enfrentamientos en Culiacán respondió a una lealtad política hacia quienes, presuntamente, facilitaron su ascenso al poder, dejando a la población civil en una vulnerabilidad absoluta.
Es así que el discurso de Campos Galván no ocurrió en el vacío, sino en un momento en que el escrutinio de las agencias de justicia de Estados Unidos sobre posibles vínculos de funcionarios mexicanos con el narcotráfico se hace más presente, lo cual la gobernadora calificó como «insolente» la postura del oficialismo al exigir pruebas documentales.
Para Campos Galván, la evidencia no se limita a expedientes judiciales: «Vean el miedo de la gente, vean a las familias buscando a los desaparecidos, vean a los jóvenes destruidos», enfatizó, estableciendo que la crisis de legitimidad del gobierno central es, en sí misma, la prueba de la descomposición institucional que, a su juicio, amenaza con extenderse al resto del país.
