Por: Estela Melka Ben-Ami.

Ciudad de México., a 17 de noviembre del 2026.- El titular Administración Federal Antidrogas (DEA), Terry Cole, reiteró que su gobierno continuará exponiendo los nexos entre organizaciones criminales y actores gubernamentales, en medio de una tensa relación bilateral marcada por restricciones operativas previas.

La presión diplomática y de seguridad desde Estados Unidos hacia México recrudeció este martes tras las declaraciones del titular de la Administración Federal Antidrogas (DEA), Terry Cole, quien advirtió de manera directa que es la corrupción estructural en el país la principal fuerza que alimenta a las redes internacionales del narcotráfico.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), Cole dejó entrever que la dependencia a su cargo y la administración de Donald Trump mantendrán como estrategia la revelación y exposición de nombres de actores políticos mexicanos presuntamente coludidos con el crimen organizado.

«La corrupción en México está alimentando a las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades», sentenció Cole, al tiempo que reafirmó el compromiso de la agencia antinarcóticos de no retroceder en el señalamiento de vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos para proteger la seguridad en territorio estadounidense.

Este posicionamiento confirma un patrón de actuación que se ha intensificado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, donde las filtraciones a medios de comunicación estadounidenses sobre presuntos políticos, mandos militares y personajes públicos vinculados con el narcotráfico se han convertido en una herramienta recurrente de presión bilateral.

El posicionamiento de la DEA no ocurre en el vacío. Analistas y observadores internacionales apuntan que la postura de Terry Cole refleja también las tensiones institucionales acumuladas a raíz de las restricciones al movimiento y operación impuestas a los aproximadamente 70 agentes de la DEA asignados en México durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquella administración federal frenó las operaciones sin supervisión directa y retrasó la entrega de visados a personal de la agencia estadounidense como respuesta diplomática, especialmente tras la captura en Los Ángeles, California, en octubre de 2020, del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de mesura frente a las amagos y señalamientos provenientes de Washington —argumentando que no se debe responder a cada declaración con tintes políticos—, la advertencia de la DEA anticipa un escenario de fricción constante.

El uso de la revelación de nombres y presuntos vínculos de la clase política mexicana con el narcotráfico se perfila nuevamente como el principal instrumento de presión desde el extranjero, poniendo bajo escrutinio la capacidad y voluntad institucional del Estado mexicano para sanear sus propias estructuras de seguridad y gobierno.