Por: Sandra Dueñes Monárrez.  

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre del 2026.- Fiscal de Distrito Zona Centro de Chihuahua es Daniel Abraham Terrazas Parada justificó la reestructuración de cinco unidades ministeriales clavez como un esquema operativo, eludiendo las denuncias de corrupción y tráfico de influencias, que involucran al ex fiscal Heliodoro Araiza Reyes y la la agente del Ministerio Público Irma Angélica Giner Domínguez.

Terrazas Parada defendió los recientes cambios implementados por el encargado del despacho, Gilberto Loya Chávez en las unidades de homicidios, Robo de Vehículos, Narcomenudeo, Delitos Cibernéticos y Fraudes de Alto Valor, atribuyéndolos a una nueva estructura de atención ciudadana y no a una purga interna ante denuncias de malos manejos como fue denunciado recientemente en una investigación realizada por Zona Free.

En entrevista, Terrazas Parada fue cuestionado de manera directa sobre una investigación periodística y denuncias interpuestas por familias afectadas, en las que se señala al exfiscal Araiza Reyes y a la ministerio público Giner Domínguez, quienes desde las entrañas de la Fiscalía Zona Centro operaron un esquema sistemático de manipulación de expedientes, trágico de influencias y colusión con jueces para fabricar delitos, presionar a imputados y lucrar con la justicia a través de despachos jurídicos particulares.

De acuerdo con distintas fuentes al interior de la dependencia e información recabada, la creación de este grupo especial en julio de 2023 —fecha en que Araiza Reyes asumió la titularidad de la Zona Centro en sustitución de Francisco Martínez Valles— obedeció a un propósito claro: encauzar e impulsar asuntos de alto interés económico cuyos litigios privados eran operados por abogados vinculados directamente al propio despacho del ex fiscal.

Bajo la fachada de una unidad especializada en combatir fraudes de alto valor, el grupo encabezado por Giner Domínguez transformó las carpetas de investigación en una herramienta de persecución a la carta. La mecánica consistía en focalizar objetivos con elevado poder adquisitivo para someterlos mediante amenazas, inmovilización de cuentas bancarias, cateos arbitrarios, detenciones fuera de protocolo y la judicialización acelerada de expedientes.

Una vez consumado el asedio, entraban en acción los abogados ligados al círculo de Araiza Reyes, uu labor consistía en negociar cuantiosos beneficios económicos para liberar a las víctimas de una pesadilla penal construida desde la propia autoridad.

Sin embargo, el engranaje no funcionaba por sí solo; requería de la complicidad activa del Poder Judicial del Estado, denunció la investigación de Zona Free quien consulto el testimonio de victimas de esta red de corrupción.

En base a lo anterior, Terrazas Parada evitó detallar si existe una indagatoria abierta contra los ex titulares de dichas unidades. En su lugar, limitó la respuesta al ámbito administrativo: señaló que los movimientos responden estrictamente a la nueva estructura orgánica y que cualquier irregularidad detectada deberá ser procesada a través de la Dirección de Asuntos Internos.

Sin embargo, ante la insistencia sobre el peso de una denuncia pública que evidencia presunta corrupción y colusión con el mejor postor, el propio fiscal reconoció una limitantes institucional clave: «La Dirección de Asuntos Internos no depende de mí, es una fiscalía aparte que es la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación», apuntando a que será bajo las directrices del fiscal general, Gilberto Loya, como se intente contener la impunidad.

El contraste entre el discurso oficial de «cero tolerancia a la corrupción» y la realidad que denuncian los ciudadanos se pone a prueba cuando los posibles imputados forman parte de las propias corporaciones de seguridad o del aparato procurador de justicia.

Mientras la dependencia insiste en que las puertas están abiertas para recibir quejas de la ciudadanía sin importar el cargo del señalado, los casos expuestos por la sociedad civil y los medios de comunicación evidencian que el verdadero obstáculo no es la falta de denuncias, sino la opacidad con la que operan los vínculos de poder y las conexiones personales al interior del sistema de justicia en Chihuahua.

La reestructuración de mandos anunciada por la Fiscalía queda así bajo la lupa ciudadana, con el reto ineludible de demostrar si los enroques administrativos servirán para sanear la procuración de justicia o si se quedarán en un mero reacomodo de fichas sin consecuencias reales para quienes traicionan la fe pública.